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Fernando Velásquez Velásquez
Columnista

Fernando Velásquez Velásquez

Publicado el 18 de noviembre de 2019

RECLUTADA A LA FUERZA Y ULTIMADA

Hace pocos días Hermes Tique Álvarez y Rosalba Medina, padres de Diana, la menor de 16 años fallecida el pasado 29 de agosto en el muy confuso bombardeo realizado por la Fuerza de Tarea Omega del Ejército Nacional en una vereda de San Vicente del Caguán, en el Caquetá, contaron a los medios de comunicación que su hija –educanda de 9º grado en Puerto Rico– fue reclutada a la fuerza por las mal llamadas disidencias de las FARC, cuando pasaba sus vacaciones de final de curso con unos familiares. Allí empezó la tragedia.

De esta manera, esa adolescente se convirtió en otra víctima de la horrenda esclavitud forzada que, según datos de la UNICEF, también padecen hoy en el mundo alrededor de trescientos mil niños soldados, sobre todo en los continentes africano, asiático y americano. Una modalidad de la trata de personas que es considerada a la vez como crimen de lesa humanidad y de guerra, según el Estatuto de la Corte Internacional Penal [arts. 7.1. c) y g); 7.2. c), y 8.2 a) xxii y e) vi]; un fenómeno que, ante los ojos de todos, se produce en pleno siglo XXI cuando muchos hablan de la posmodernidad y la nueva era tecnológica.

Por supuesto, cuando la fuerza pública en cumplimiento de sus deberes constitucionales repele a criminales que desafían la institucionalidad no se puede pretender que ella vaya, de paraje en paraje, pidiéndole el documento de identidad a todas las personas para decidir si hace o no un bombardeo; sin embargo, sí es imperativo exigir que ese tipo de operaciones se sujete en todo a los protocolos impuestos por el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, en los cuales se indica que la guerra no se puede conducir de cualquier manera y esos procedimientos no pueden ser indiscriminados. El Estado, dijo alguna vez Luigi Ferrajoli –cuyas palabras deben ser recordadas de nuevo–, no puede descender al mismo nivel de los criminales para combatirlos, porque entonces pierde toda su legitimidad.

Pero más allá de este debate –que no es nada fácil cuando estos asuntos se examinan desde la perspectiva de la política y del derecho internacional– tampoco parece coherente que las autoridades, cuya misión es proteger la vida de todos los ciudadanos sin distingos de ninguna índole y velar por la paz, puedan salir a los medios de comunicación a reivindicar jubilosas una operación como la que “dio de baja” al criminal apodado “Giraldo Cucho” y ocultarle al país que en ese “exitoso” ataque también sucumbieron, masacrados, por lo menos ocho menores también violentados por los pérfidos.

Con ese proceder se incurrió en una mentira gigantesca que ciertos personajes –como el desdeñoso exministro Guillermo Botero– quisieron ocultarle al país acudiendo a todo tipo de expedientes como los ya empleados para disfrazar las verdaderas causas de la muerte de Dimar Torres quien, ahora se sabe, fue asesinado por miembros de un pelotón del Ejército que cumplían instrucciones de su superior, según lo develaron las investigaciones.

Obvio es decirlo: cuando los mandos se comportan de esa forma se acaba con la preciosa vida de las personas y se daña de manera muy grave al colectivo social; además, de paso, se llena de ludibrio a una fuerza como el Ejército Nacional que durante los últimos años mucho ha luchado por lograr su depuración interna y fortalecer el respeto a los derechos humanos, después de que miembros del mismo incurrieran en crímenes horrendos como los falsos positivos que hoy tienen al país en la mira de los tribunales internacionales.

En fin, en estos momentos de dolor y reflexión (aunque algunos políticos aviesos quieren cosechar en río revuelto) solo resta acompañar a Hermes y a Rosalba, los padres de la joven doblemente victimizada, y esperar a que esta polarización nacional de nunca acabar no genere más inmolados inocentes y nuevos derramamientos de lágrimas.

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