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¿Están jugando al suicidio el pueblo de Estados Unidos y los líderes políticos del Partido Republicano que apoyan a Donald Trump destruyendo su propia democracia?
Me hice esta pregunta mientras seguía con atención la conmemoración del aniversario del asalto al Capitolio del Congreso de Estados Unidos por miles de enfurecidos partidarios del expresidente Trump, el 6 de enero de 2021.
Hace un año, la mayoría de ellos acudió a la capital de su país atendiendo el llamado que les hizo Trump el 19 de diciembre, en un mensaje publicado en Twitter: “Gran protesta en [Washington] DC el 6 de enero. Vayan, ¡será salvaje!”. El 5 de enero, el llamado fue reiterado por Steve Bannon, su mano derecha. En un podcast, Bannon dijo que llegaba una “revolución”. Luego añadió: “El infierno se desencadenará mañana”.
Esa misma tarde, Trump escribió en Twitter: “Washington se está inundando con la gente que no quiere ver una victoria electoral robada por demócratas radicales de izquierda. Nuestro país ha tenido suficiente, ¡no lo van a aceptar más!”.
Todos recordamos lo que sucedió después. Los videos de las cadenas de televisión y las fotografías publicadas por los periódicos dan testimonio de la violencia con que los partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio, tratando de impedir la refrendación de la victoria de Biden por parte del Congreso. Los desmanes dejaron 5 personas muertas y cerca de 140 agentes de policía heridos.
Las investigaciones de lo ocurrido se dividieron en dos grandes frentes. De un lado, las pesquisas judiciales, que han estado a cargo del Departamento de Justicia. Del otro, una comisión del Congreso se ha encargado de investigar a los líderes políticos que promovieron el asalto. 725 ciudadanos han sido arrestados por delitos como agresión a agentes o funcionarios y saqueo de las instalaciones del Capitolio. De ellos, 165 se han declarado culpables y 70 ya tienen sentencia. Sin embargo, la comisión del Congreso todavía no ha logrado obtener pruebas contundentes para que la Fiscalía juzgue a los dirigentes que organizaron la revuelta, a pesar de haber entrevistado a más de 300 testigos y haber obtenido más de 35.000 documentos.
Mientras tanto, siguen ocurriendo hechos preocupantes. Las legislaturas republicanas están aprobando nuevas leyes electorales para menoscabar el derecho al voto de las minorías en los estados que controlan, sobre todo en el sur. También pretenden destituir a los supervisores electorales republicanos y demócratas que, cumpliendo con su deber, confirmaron la victoria del presidente Biden en las elecciones.
Aprovechando las acusaciones infundadas de fraude electoral, los republicanos también han emprendido una campaña para recaudar millones de dólares para financiar la defensa legal de los dirigentes de su partido acusados de participar en el intento de golpe de Estado.
Según Accountable.US, un grupo que se dedica a vigilar la financiación de las campañas electorales, los líderes republicanos impugnadores de las elecciones han recibido el respaldo de algunas de las más grandes multinacionales del país. “Las grandes corporaciones condenaron rápidamente la insurrección y proclamaron su apoyo a la democracia, y casi con la misma velocidad muchas abandonaron esos supuestos valores al entregarles cheques jugosos a los mismos políticos que ayudaron a instigar el fallido intento de golpe de Estado”, dijo Kyle Herrig, su presidente, a la cadena de televisión Nbcs.
Cuán bajo han llegado Trump y los dirigentes del Partido Republicano que todavía lo apoyan. Pienso que tiene razón la profesora Cynthia Miller-Idriss cuando afirma —en un artículo publicado por The New York Times— que “la mayor amenaza para la seguridad de los estadounidenses hoy no viene de terroristas extranjeros, sino de los propios ciudadanos americanos. Y la amenaza está dirigida hacia el futuro de la democracia misma”
