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Sin duda que estos dos campos de acción del gobierno Petro han mostrado problemas en las últimas semanas, pero no se trata de caerles a tratar de destruir, sino de reconocer en lo que se ha avanzado correctamente y señalar dificultades que deben ser subsanadas para buscar los resultados que se proponen.
Primero, debemos decir que las conversaciones con el ELN van bien, seguramente no al ritmo que algunos quisieran –incluso en el propio gobierno-, pero están estructuradas, tienen una ‘hoja de ruta’ definida y eso permitirá que sigan avanzando, eso sí, seguramente sin pretender presionar un cese bilateral que todavía no parece estar en el momento adecuado, ni madurado.
Segundo, estamos pendientes que se formalicen y se inicien las conversaciones con la disidencia de las extintas Farc, conocidas como ‘Estado Mayor Central’ e igualmente con el grupo conocido como ‘Segunda Marquetalia’, para que empiece a desarrollarse lo relacionado con las organizaciones a las que se les reconoce alguna intencionalidad política. Estas tendrán sus propias dificultades, pero ya hay un marco que permite definir el tipo de tratamiento a darles.
Tercero, está el caso del denominado Clan del Golfo o autodefensas gaitanistas de Colombia, donde el Estado debe empezar por precisarles qué tipo de tratamiento les va a dar: grupos de crimen organizado de gran impacto social o grupos con algún tipo de intencionalidad política, como parece ser la pretensión de las mismas –ratificado esto en la ‘Carta Pública’ del antiguo jefe paramilitar Mancuso-. Paralelo a esta precisión por parte del Estado, está el necesario trámite legislativo de la norma que regularía el llamado sometimiento a la justicia de estas organizaciones y esto a su vez será el referente para otros grupos de naturaleza similar. Al respecto es recomendable que los contactos preliminares con este tipo de organización se reanuden una vez el Estado haya hecho las definiciones anteriores y se cuente con la norma legal donde quedará precisado el límite dentro del cual se podrán mover los representantes del Gobierno.
Cuarto, reconociendo, y esto hay que reiterarlo las veces que sea necesario, que la Fuerza Pública es la única que tiene el mandato constitucional y legal del monopolio de la fuerza y por lo tanto que son los responsables legales y legítimos de la seguridad, hay que prever la no repetición de situaciones como las presentadas en el Caquetá donde un grupo importante de miembros de la Policía Nacional fueron colocados en situación de indefensión y sometidos al escarnio público. Al respecto es evidente la necesidad de una ‘Política de Seguridad Regional y Ciudadana’ en el marco de la Seguridad Humana que ha propuesto el actual gobierno. Que sea de conocimiento público, donde estén claros los planes operacionales tanto de Policía Nacional como de Fuerzas Militares para garantizar la seguridad, así como las responsabilidades de los funcionarios gubernamentales que tienen que ver con el manejo de situaciones de protesta social. Igualmente debe precisarse que ninguna organización ciudadana, incluidas las denominadas ‘guardias campesinas’ pueden ser consideradas como sustitutos de la Fuerza Pública ni pueden invocar facultades para sustituir a la misma.
