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La reforma a la educación superior actualmente está en discusión pública. Dos aspectos llaman la atención: El desconocimiento de la importancia de las universidades privadas, pues se trata de un proyecto de ley concebido exclusivamente para el sistema público; y aunque se propone resolver las aspiraciones de gratuidad y los problemas de financiación de las universidades públicas, no se transforma a la educación superior para enfrentar los grandes retos que enfrentan las universidades en este siglo.
Hoy la educación pública responde por el 54,4% de la matrícula total, mientras la privada por el 45,6%. Además, el 48,2% de los docentes labora en universidades públicas mientras que el 51,8% restante lo hace en privadas. En este siglo XXI las universidades privadas han graduado 3,7 millones de profesionales, 1,1 millón de posgraduados y 2.800 doctores; mientras que las públicas han graduado 2,9 millones, 347.400 posgraduados y 5.100 doctores, respectivamente. Las cifras indican, por sí solas, la importancia de las universidades privadas que, desafortunadamente, la reforma no tiene en cuenta. Igualmente, la universidad pública no está en capacidad de ofrecer los cupos de educación superior que demanda la Colombia de hoy. El efecto de esa visión dejará a muchas familias sin acceso a la educación superior pues no podrán acceder efectivamente a las públicas y no tendrán ayudas para acceder a las privadas.
Aumentar los recursos y la base sobre la que se definen, como lo hace el proyecto de ley, no necesariamente conlleva a los logros esperados en términos de acceso, permanencia y calidad, especialmente, cuando no existen recompensas y sanciones de acuerdo con los resultados; esta es una falencia del proyecto de reforma. Es decir, más recursos no significa per se más acceso, retención y calidad. La modificación propuesta a las fórmulas de financiación incorporadas en el capítulo V del régimen financiero podría tener efectos fiscales o distorsiones indeseables, además de la base que se propone para las nuevas instituciones técnicas y tecnológicas públicas creadas en el proyecto. Esta creación es un paso importante pero también deja por fuera las privadas.
Es el momento para que el proyecto de ley promueva un sistema de educación superior para toda la vida; que ese sistema sea verdaderamente flexible de tal manera que los estudiantes puedan construir su carrera profesional a partir de distintas modalidades, especialidades, certificaciones, incluso desde la educación media. Además, este proyecto de ley adolece de una revisión contundente del sistema de calidad, no solo para que el Ministerio de Educación sea más oportuno en las aprobaciones de registros calificados y acreditaciones de nuevos programas, sino para que la educación sea más pertinente con la velocidad de cambio del conocimiento.
Incluso después de la pandemia y en medio del auge de la inteligencia artificial (AI) y la industria 4.0, es el momento de promover las humanidades y fortalecer vigorosamente programas de salud mental para estudiantes y profesores; sin embargo, estos brillan por su ausencia en el mencionado proyecto de reforma.
