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En la etapa final de la campaña presidencial, la gran mayoría de las personas se habrán formado una opinión acerca de las alternativas disponibles. Habrán escuchado las diferentes propuestas de programa y evaluado su conveniencia. Cada cual, a su manera, habrá llegado a una conclusión respecto a sus preferencias. Es poco lo que se puede agregar ahora a los argumentos que ya se han formulado.
Así pues, más bien que participar en la controversia, las siguientes reflexiones intentan describir los parámetros dentro de los cuales deberá actuar el próximo gobierno, sea cual fuere su orientación ideológica. Esos parámetros definen el terreno en el cual deberá moverse y establecen las restricciones que limitan su margen de maniobra.
Parte de la transición del modo electoral a la responsabilidad del poder es constatar la existencia de esas restricciones. Se hace campaña en verso, pero se gobierna en prosa. Por ese motivo se observa que los candidatos que han logrado un triunfo electoral tienden a bajarle los decibeles a la retórica. Una cosa es prometer, otra cosa es gobernar.
En aras de la brevedad, estas reflexiones se limitan al tema de la política económica y al de las relaciones internacionales.
En materia económica, conviene distinguir entre el corto y el mediano plazo. En el corto plazo, hay un clima de reactivación impulsada por el consumo de los hogares y términos de intercambio favorables, gracias a los precios de los commodities y los energéticos. La inflación y la tasa de desempleo son factores de inconformidad que no desaparecerán después de diciembre. El gobierno saliente deja un déficit fiscal y un déficit externo cuyas implicaciones se harán sentir a partir del año entrante.
Por fuerza de los hechos, va a ser necesario hacer un ajuste en el 2023. El ritmo de crecimiento será menor. El entorno internacional será más restrictivo. La brecha entre la disponibilidad de recursos y las presiones de gasto va a ser fuente de tensiones políticas. Prescindir de los recursos fiscales provenientes de los hidrocarburos y la minería sería inviable. Una reforma tributaria será inaplazable.
La independencia del Banco de la República es un activo nacional de valor incalculable. Un gobierno que intentara debilitarla estaría anunciando a propios y extraños el propósito de envilecer la moneda.
La referencia a restricciones de tipo económico no debe interpretarse como un llamado a la inmovilidad. Todo lo contrario. Se requiere hacer cambios, y muchos. Pero debe tenerse en cuenta que la economía colombiana tiene cierto tamaño. Se parece más a un buque que a una lancha fuera de borda. Por lo tanto, los virajes deben hacerse con cuidado y con destreza.
Colombia es y seguirá siendo parte de Occidente. Ese privilegio le ha traído al país grandes beneficios políticos, económicos y de seguridad. También lleva implícitas algunas responsabilidades. Cuando Occidente está siendo agredido, un nuevo gobierno no puede titubear
