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Hace casi dos meses, México llevó a cabo un fallido experimento al someter el poder judicial a las urnas. Se escogieran 881 cargos entre la friolera de más de 3.400 candidatos. Todo un berenjenal. Único (y mísero) requisito: ser abogado a secas. El periodista Camilo Gómez (El Espectador, 01/06/25), resumió de manera certera la situación: “La elección popular de jueces en México, parece más un experimento de alto riesgo que una mejora institucional. En vez de fortalecer la justicia, podría convertirla en rehén de intereses políticos y criminales. La falta de filtros reales y el desconocimiento ciudadano abren la puerta a un colapso de legitimidad”.
La raquítica participación de solo el 13 % efectivo de entre 100 millones de votantes, deslegitimó las inéditas elecciones. Es que todo fue un embeleco: el astronómico y salvaje número de opciones de candidatos, enloquecía a cualquiera. ¡Pobres jurados! “Evidentemente, la ciudadanía no estaba interesada en este proceso”, dijo un analista connotado de televisión. De contera, la raíz de esta elección judicial fue perversa pues se demostró que, al politizar la justicia, los jueces actuarían como políticos. La hecatombe. Y es que este rediseño viola la independencia judicial. Un jurista catalogado, que no participó en el sainete, expresó: “Yo no soy parte de este circo”.
Afiches y pancartas desnudaron la vulgar politización del evento. Un volante decía: “A votar en beneficio del pueblo”. Otro rezaba: “Vote por un hombre cercano a las luchas sociales”. Toda una artimaña. Y vino lo lapidario: Silvia Delgado, exabogada de Joaquín El Chapo Guzmán, ganó la elección local de Chihuahua. Héctor Ulises, ganó como juez de distrito en Veracruz —desde dentro de las rejas— dado que lleva casi dos meses en prisión preventiva acusado de abuso sexual de menores y de pornografía infantil. Alejandra Lozano Maya, sindicada de tortura, abuso sexual y extorsión, ganó los comicios para ser jueza penal local por Ciudad de México. Y la deshonrosa lista, tenía más cola.
Electoralmente, el fiasco no tenía techo. Más de 10 millones de votos nulos, se sumaron a los 11 millones de votos sin marcar. Sí, apenas el 13 % fue de votos válidos. La presidenta Claudia Sheinbaum, fue la luminaria que asió la reforma impulsada por López Obregón, que dio origen a esta elección. Hubo rayones con lapicero en tarjetones, para protestar con fiereza: “La justicia no debe ser política” y “No hay justicia sin independencia”. El lenguaje cáustico lo dice todo. Los sectores académicos, acusaron el evento de complejo, falto de información entre los votantes, saturado de politización y permeado por el crimen organizado, entre algunos candidatos ganadores. Y agregaron: “Los jueces no se deben al pueblo, se deben a su preparación y confianza en la aplicación de la ley”.
Los partidos políticos prepararon “acordeones” sugiriendo sus candidatos, sin ninguna vergüenza. Una encuesta previa, indicó que el 77 % de mexicanos dijo no conocer a ninguno de los aspirantes y un 72 % reveló no distinguir un juez de un magistrado. Por supuesto, es una mentira afirmar que por ser una elección popular se iba a acabar la impunidad y la corrupción. Confusión, baja participación y el contrataque de la Misión de Observación Electoral de la OEA, que denunció esa farsa electoral judicial, prevalecieron. Un acto polarizante y siniestro. Lo más parecido a la extravagante desconexión con la realidad..
