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Bastó tan solo un articulito, el 17° de la ley 142/94, la que reglamenta la prestación de los servicios públicos domiciliarios y que obligó a que las EE.PP. de Medellín se transformaran en una Empresa Industrial y Comercial del Estado; una EICE que frente al desmantelamiento institucional del que ha sido objeto por la actual administración, no tuvo el suficiente blindaje ni tampoco una dirección de Gobierno Corporativo.
Bien lejos estábamos de imaginar los perversos efectos que ocasionaría ese cambio.Una vez adoptada esa figura de empresa, y como cualquier particular, hoy está sujeta al régimen del derecho privado, a las reglas del mercado, a la Superintendencia de servicios, al Código de Comercio, etc., y como un contribuyente más, debe pagar a la Dian, un zarpazo de casi $1 billón anual por concepto de renta y patrimonio.
Aun cuando aseguraban sí, que con la aplicación de esa ley se iría a “garantizar una prestación eficiente, mejor calidad de vida, ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensaran la insuficiencia y capacidad de pago a los usuarios insatisfechos en materia de agua potable y saneamiento básico” etc., todo era pura carreta, porque nada de eso ocurrió.
Era una perorata, un pretexto velado para gravar e imponer nuevas cargas a los servicios públicos esenciales como son el agua potable y la energía para la salud y la higiene, que de industriales o comerciales nada tienen.
Y en ese singular modelo de empresa, de establecimiento autónomo descentralizado del orden municipal prestador de servicios públicos, nunca se consideró que su estructura tarifaria tendría que pagar impuestos, ni mucho menos transferir un solo peso al municipio; razones suficientes para que los servicios hubiesen sido bajos en el pasado.
Nos cambiaron el modelo imperante y EPM ha venido ahora “desangrándose”, e igualmente ha estado en riesgo de experimentar una peligrosa descapitalización, fruto de las billonarias transferencias al municipio, de absorber las continuas pérdidas en Afinia, Tigo-Une... para no mencionar los billonarios sobrecostos de la contingencia de Hidroituango.
Esta situación no ocurría antes, y hoy EPM es una empresa explotada por su dueño, el municipio, que se hace transferencias año tras año equivalentes al 25% del presupuesto. Esto está debilitando financieramente las EPM, al punto de que en el 2022 superó los $1.85 billones ($5.070 millones diarios), y hoy quiere más cuando le exige al Concejo aprobar otros $ 330.000 millones .
La ciudad y el departamento, merced a la disponibilidad de sus recursos hídricos y a un óptimo aprovechamiento producto de la fortaleza de Antioquia, merecen tarifas bajas de energía; un incentivo que sin duda estimularía el asentamiento de otras empresas en sus regiones.
Se trata de un reto para que las fuerzas políticas de Antioquia asuman la tarea de presentar ante el Congreso de la República una nueva Ley que haga justicia con los municipios y con un departamento que provee el 35% de la demanda de energía del país.
