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Hace pocos días el Gobierno nacional promulgó la “Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”. En su concepción, la veo importante, necesaria y una expresión más del cambio de rumbo al cual me refería en la columna pasada. En su contenido, encuentro un claroscuro que considero merecedor de análisis serio por parte de la opinión pública.
La primera evidencia es la falta que hace la ley de seguridad y defensa, carencia increíble en un país que lleva más de medio siglo con un conflicto armado interno, con indicadores de violencia entre los mayores del mundo y un vecindario que ocasionalmente se torna amenazante. La ausencia de la ley facilita que la política se ajuste a la coyuntura y no a los objetivos de largo plazo del Estado.
Otro aspecto es la falta de coherencia entre la política de seguridad y defensa (hay suficientes argumentos para justificar que debe ser así y no defensa y seguridad), el plan de desarrollo en discusión en el Congreso de la República y el Presupuesto del presente año. Si bien la política promulgada amplía el espectro de vulnerabilidades, amenazas y tareas, ella no armoniza con los conceptos y cifras contenidos en el proyecto del plan de desarrollo, y menos con las limitadas asignaciones prevista en el plan plurianual inversiones. Como consecuencia lógica, tampoco hay sincronía con la Estrategia Militar General, los planes de campaña de las Fuerzas y el Plan Operativo de la Policía Nacional.
Me parece particularmente importante que se acepte la seguridad como un bien público y, por lo tanto, un compromiso de todos los colombianos. Excelente que la política no se ocupe simplemente de los agentes de violencia, sino que busque identificar los factores que la generan y dé pautas para combatirlos. Significativo que se contemple la protección del agua, la biodiversidad y el medio ambiente, como también la lucha contra las minerías ilegal y criminal, y la creación de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral, ZEII. El problema es no pasar de las buenas intenciones. Para dar un ejemplo de naturaleza presupuestal, de los $33.5 billones asignados al sector, solo poco más del 4 % está destinado a inversión. Ello resulta totalmente insuficiente para los actuales esquemas, y aún más si se pretende una actitud poco diplomática frente a intereses contrapuestos de países vecinos.
Si bien poseemos unas Fuerzas Militares con suficiente pie de fuerza, excelente capacidad de combate y amplia experiencia en guerra antisubversiva, también es cierto que nuestro sistema de armas es deficiente para garantizar una real capacidad disuasiva frente las amenazas externas.
En cuanto al conflicto bélico interno con el Eln, es de una brillantez extrema, o de una intención malévola, o de una supina ignorancia del arte de la guerra, la forma como se cierran las puertas a cualquier posibilidad de diálogo. Lo expresado es la mejor forma de perpetuarlo, pues la concentración de las estructuras armadas en espacios geográficos delimitados y el cese de todo tipo de actividad bélica, es lo más cercano a la rendición, y las circunstancias actuales y previsiones de corto plazo no lo muestran de esa forma.
Como dijera un amigo, en los actuales escenarios, la paz pierde vigencia, pero no relevancia. Seguiremos siendo el país que Daniel Pecaut describe en su libro Orden y Violencia, donde estas dos características no son antagónicas y excluyentes, sino que configuran una amalgama que se retroalimenta.
* Miembro de La Paz Querida
