Pico y Placa Medellín
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Que la tierra se mueva nos despoja de todo.
Por lo general, cuando tiembla la tierra, nos da miedo y nos encontramos sin saber muy bien si salir corriendo o quedarnos paralizados debajo del marco de una puerta.
Colombia está sentada sobre uno de los sistemas de fallas más activos del planeta. Un terremoto de magnitud 7.4, con epicentro en San José del Palmar (Chocó) y una profundidad cercana a los 80 kilómetros, se sintió en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Quibdó y hasta en Ecuador y Panamá.
Pudo ser mucho peor y ahí está el problema: llevamos años sobreviviendo a los sismos por margen y no por preparación.
Colombia tiene, en el papel, una de las normativas sismorresistentes más serias de la región: la NSR-10, vigente desde 2010, exige estándares estructurales rigurosos para toda construcción nueva. El país también cuenta con un Sistema Nacional de Detección y Alerta por Tsunami desde 2009 y con la UNGRD como ente coordinador de emergencias.
No quiero restarle mérito a todo esto, pero el papel no sismorresiste nada si no se aplica: cerca del 83% de la población colombiana vive en zonas de amenaza sísmica alta o intermedia, y buena parte de esas viviendas, sobre todo en barrios populares, zonas rurales y centros históricos, fue construida antes de la norma o directamente al margen de ella.
Además recordemos que en medio de escándalos de corrupción del gobierno Petro en el UNGRD el rubro de prevención/mitigación se recortó 41% (de $17.000 a $10.000 millones) y se tuvieron que trasladar $4 billones más en plena emergencia climática, pero como gasto reactivo, no preventivo.
Nadie audita si una casa autoconstruida en ladera cumple la NSR-10, nos enteramos porque cada vez que tiembla fuerte, los mismos barrios y las mismas fachadas coloniales son los que ceden.
La comparación con Chile y Japón es útil, ambos países, golpeados históricamente por terremotos devastadores, transformaron cada tragedia en norma más estricta y en tecnología: aisladores sísmicos, edificios “sobre patines”, simulacros obligatorios y masivos. Colombia, en cambio, hace simulacros irregulares y no tiene un mapa de vulnerabilidad estructural actualizado y público que le diga a la gente, edificio por edificio, qué tan expuesta está.
El contexto global tampoco da tregua: el sismo de magnitud 8.8 en Kamchatka en 2025 obligó a evacuar costas en medio Pacífico, desde Rusia hasta Perú, recordándonos que vivimos en una era de actividad sísmica intensa y de alcance transnacional y ni hablar de La Guaira donde todavía el panorama es desolador.
Que este temblor se haya sentido simultáneamente en Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela confirma que la gestión del riesgo ya no puede pensarse solo puertas adentro: se necesita coordinación regional real y no solo protocolos.
¿Qué hay que hacer?
Auditar y reforzar la construcción informal en zonas de alta amenaza: empezando por hospitales y colegios, actualizar y publicar mapas de vulnerabilidad por edificio, no solo por región, volver obligatorios los simulacros nacionales, con fecha fija y rendición pública de resultados e invertir, así sea gradualmente, en tecnología de aislamiento sísmico para la infraestructura crítica, como ya hacen otros países.
Colombia no puede seguir midiendo su preparación por lo que no pasó esta vez, ese miedo que emerge cuando se mueve la tierra nos tiene que movilizar a la prevención y a la acción, no puede quedarse siendo solo el susto de una mañana.
