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La transición energética del país había adquirido un ritmo acelerado entre 2018 y 2022. En ese periodo, se realizaron dos subastas de energías renovables y una de cargo por confiabilidad, adjudicando proyectos eólicos y solares por más de 2.800 megavatios (MW) de capacidad instalada e inversiones por 3.000 millones de dólares; y entraron en operación 22 granjas solares a gran escala, dos parques eólicos, diez proyectos de autogeneración y más de 3.000 proyectos solares fotovoltaicos a pequeña escala. Adicionalmente, se dejaron 3.500 MW en etapa de construcción o estructuración, lo cual le permitía al país incrementar la participación de energías renovables no convencionales en la matriz eléctrica al 16 por ciento entre 2022 y 2026. Desafortunadamente, la transición se desaceleró y hoy enfrenta un panorama sombrío e incierto. Esta semana se conocieron cartas de dos empresas internacionales que nuevamente alertan sobre las dificultades que enfrenta el sector y la falta de apoyo y garantías para desarrollar proyectos de energías limpias en el país.
Una de las cartas provino de Électricité de France (EDF), la empresa estatal francesa y una de las más grandes del mundo, en la que desisten de desarrollar una granja solar de 145 MW en Girardot, Cundinamarca. EDF llegó a Colombia atraída por las políticas públicas para el desarrollo de energías limpias y fue una de las empresas adjudicatarias de la subasta de renovables de 2021. En la misiva, la empresa explica que tomó la decisión, entre otras consideraciones, como “consecuencia de cambios regulatorios y fiscales... Entre ellos, la reforma tributaria que impactó las rentabilidades de los proyectos y los beneficios de la Ley 1715 para promover energías renovables”. La otra carta la envió Brookfield Corporation, una empresa canadiense que llegó al sector en 2016 con la adquisición de Isagen y entre 2018 y 2022 puso en operación dos parques eólicos en la Guajira, dos granjas solares en el Meta y estructuró 5 granjas solares más que están en construcción en Atlántico. En la comunicación, Brookfield expresa su preocupación por afectaciones a la estabilidad del marco regulatorio y a la protección de inversiones privadas, características del sector eléctrico colombiano reconocidas a nivel internacional. La carta cita tres hechos que generan gran preocupación entre los inversionistas “(i) la expedición de “directrices” a una comisión que, por definición, debe ser independiente; (ii) la omisión en el nombramiento en propiedad de los miembros de la CREG, cuando es precisamente ese nombramiento el que garantiza su independencia; y (iii) la a propuesta de modificación del reglamento interno de la CREG a través de la cual pretende subordinar las decisiones de la Comisión a los comentarios del Ministerio, y eliminar su independencia financiera”.
Las alarmas encendidas por EDF y Brookfield se suman a otros hechos como el desistimiento de ENEL de desarrollar el parque eólico Windpeshi en la Guajira y la decisión de Engie, otra de las grandes empresas de energía francesas, de salir del país. El sector está a tiempo de corregir el rumbo y evitar que estas situaciones sigan ocurriendo, pero urge que se tomen decisiones de política pública y regulatoria que envíen las señales adecuadas al mercado y los inversionistas.
*Miembro Distinguido Visitante del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia en Nueva York.
