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Cuando era niño iba a pescar a la represa de La Fe. Aquella lámina de agua quieta parecía inagotable. Hoy, esa misma represa —junto con Piedras Blancas y Riogrande dos— apenas sostiene a cuatro millones de personas en el Valle de Aburrá. Esta semana el alcalde Federico Gutiérrez anunció cortes nocturnos de agua, porque Piedras Blancas, la más antigua y pequeña, podría secarse en días.
La explicación apunta al fenómeno de El Niño, el más severo de las últimas décadas. Pero atribuir la crisis al clima es, en el mejor de los casos, una simplificación, y en el peor, una forma de eludir una responsabilidad de numerosas administraciones, municipales y departamentales, durante más de tres décadas.
Los hechos son elocuentes. Piedras Blancas se construyó en 1952, La Fe hacia 1973, y Riogrande dos se llenó entre 1988-1989, con Manantiales operando desde 1992. Desde entonces —treinta y siete años— Empresas Públicas de Medellín no ha construido un solo embalse nuevo para el Valle de Aburrá.
Hay un dato que pocos conocen, y tiene su ironía. Riogrande dos, la última gran reserva, no nació de la voluntad de asegurar agua para el futuro de la ciudad: nació de una emergencia energética. En 1992, Colombia vivió el apagón, trece meses de racionamiento eléctrico por la sequía y el retraso de El Guavio. El país aceleró El Guavio y La Tasajera, la hidroeléctrica de Riogrande dos. El agua potable del Valle de Aburrá, vía Manantiales, fue un beneficio colateral de una obra pensada para generar electricidad.
Es decir: la única gran inversión hídrica de esta región en setenta años fue movida por la urgencia eléctrica, no por una visión de largo plazo. Cuando el país aprendió la lección energética —con la Comisión de Regulación de Energía y Gas y, después, Hidroituango— nunca hicimos lo mismo con el agua.
Y la población creció notablemente. Medellín pasó de setecientos setenta y tres mil habitantes en mil novecientos sesenta y cuatro a cerca de dos millones seiscientos mil hoy. El Valle de Aburrá aumentó un treinta y dos por ciento entre dos mil cinco y dos mil veinticinco, y un cuarenta y ocho por ciento en sus municipios periféricos. La capacidad de los embalses sigue siendo la de hace décadas, y la sedimentación —documentada por Empresas Públicas de Medellín y las universidades de Antioquia y Nacional— le resta cada año una fracción de su volumen útil.
El debate público se ha concentrado en preguntas legítimas pero insuficientes: si la tarifa debe subir, si hace falta más educación, si debemos bañarnos más rápido. Todo eso ayuda, igual que la modernización de plantas y redes de Empresas Públicas de Medellín. Pero ninguna medida resuelve el fondo: no hemos aumentado la capacidad de almacenar agua desde que el Valle de Aburrá tenía una fracción de sus habitantes de hoy.
Colombia aprendió, a la fuerza, que un sistema eléctrico sin planeación termina en racionamiento. Hay un dicho que dice que uno no cae dos veces en la misma piedra: con el agua, llevamos treinta y siete años cayendo en la misma. La pregunta que debería ocupar a la próxima administración de Medellín y a la Gobernación de Antioquia no es solo cómo reducir el consumo esta semana, sino por qué, tras tres décadas de advertencias, seguimos dependiendo de las mismas represas que conocieron nuestros abuelos.
