Reportado como desaparecido dos días antes, Joaquín Campuzano Botero, rector de La Unión, fue hallado muerto el nueve de marzo en el Río Cauca. Su carro apareció abandonado en el municipio de Concordia, mientras que su cuerpo fue encontrado a la altura de Buriticá. El mismo día, María Elena Muñoz, una maestra de Fredonia fue apuñalada por dos personas que se acercaron hasta su escuela y la abordaron en un salón. Cinco fueron las puñaladas que recibió al frente de sus estudiantes.
Esto es lo que se sabe y, salvo los hechos narrados, es difícil ofrecer más detalles. A ambos eventos los cubre un manto de dudas: ¿Quiénes lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué ese rector? ¿Por qué esa maestra? Dos hechos son evidentes: una maestra herida y un rector muerto. Y aunque parecen dos eventos aislados, ambos acontecimientos son una desfavorable señal de que el magisterio de nuestro país es víctima de una espiral sangrienta que se ha ensimismado con este gremio. En su informe del 2014, Global Coalition to Protect Education From Attack afirmó que nuestro país es uno de los más peligrosos para ser docente. En el informe La vida por educar, Fecode advierte más de seis mil violaciones al derecho a la vida, la libertad y la integridad a los docentes, entre 1986 y 2016. La mayoría de estas violaciones fueron desplazamientos, amenazas y homicidios.
En esta ocasión fueron María Elena Muñoz y Joaquín Campuzano Botero. Sobre ellos, un sinfín de preguntas. Tras ellos, un repertorio de historias de quienes, de idéntica forma, también han sido víctimas de una guerra contra los maestros, las escuelas y las palabras.
