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Para los 20 millones de consumidores de cocaína en el mundo se siembran 234.000 hectáreas. La mayoría está en Colombia. Entre la siembra y el consumo, 24.000 personas van a las cárceles. Para el momento en que son aprisionadas, casi ninguna ha terminado el bachillerato y solo un poco más de la mitad ha finalizado la primaria. En ese mismo espacio temporal —el que transcurre entre el momento en que la planta es convertida en cocaína y llega a las narices—, quienes hayan nacido en un municipio cocalero tendrán más probabilidades de ser asesinadas selectivamente, masacradas, desplazadas o abusadas sexualmente. Y quienes sean pobres, campesinos o pertenezcan a un grupo étnico, tendrán más posibilidades de que el conflicto armado los golpee.
Lo que hace tan único el informe de la Comisión de la Verdad, que trae estos datos, es que se entrega en medio de un conflicto que aún no termina. Entre otras razones, porque el narcotráfico persiste. Así lo señala el informe en su tomo de Hallazgos y recomendaciones. Mientras exista la guerra contra las drogas, mientras siga habiendo esta economía ilegal, habrá combustible y recursos para seguir haciendo la guerra, corromper instituciones y financiar ejércitos privados para la protección violenta de sus intereses, dice el informe.
El camino que sugiere la Comisión empieza por acabar con la idea de que la guerra contra las drogas disminuye la oferta o la demanda. Empieza por reconocer la contradicción absurda del hecho de que el mayor exportador de cocaína del planeta emprenda esta batalla.
El primer paso para el cambio tendría que ser la legalización de drogas de menor potencia, como el cannabis. El proyecto de acto legislativo para uso recreativo de esta planta ha pasado tres veces por el Congreso y ha sido rechazado. Su último borrador fue presentado en julio del 2021 y tiene citas que recuerdan que el uso adulto de la marihuana es posible mientras se acompañe de estrategias pedagógicas. Recoge la experiencia de otros países, como Uruguay, Canadá y EE. UU. Este giro en la política ha servido, entre otros, para recaudar impuestos por encima de cualquier estimación y para menguar el poder del crimen organizado. Solo en Uruguay se calcula que el 55 % de los usuarios la consumen ahora en el mercado regulado: se arrebató a los narcos más de la mitad del negocio. Esto, sin contar lo ahorrado por arrestos por posesión de drogas y los antecedentes penales que estigmatizarían de por vida a las personas.
¿Y si es este el momento para otro giro de la historia? Aquello que tienen en común los países que han modificado sus leyes para hacer legal el uso recreativo de la marihuana fue tener presidentes progresistas. A la presidencia de Colombia acaba de llegar uno que se declara así, Gustavo Petro. Ojalá sea esta la oportunidad para cambiar la forma en que nos relacionamos con estas plantas y el saldo brutal de sostener una guerra contra ellas
