El control de la autonomía catalana por el gobierno de Rajoy, en cumplimiento del artículo 155 de la Constitución española de 1978, no es, como lo han dicho algunos conocidos algo disparatados, ni una decisión ultraderechista y fascista, ni una arbitrariedad concultatoria de libertades y derechos humanos, sino una acción legítima en defensa de la unidad y la integridad de la nación. Basta un aceptable conocimiento de la España actual como ejemplo de sociedad abierta y democrática para no incurrir en ciertas apreciaciones desatinadas que denotan, por lo menos, ignorancia de la realidad.
Tal artículo 155 (en el capítulo tercero, De las comunidades autónomas) autoriza al gobierno para “adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento...
