viernes
0 y 6
0 y 6
La Corrupción en la Alcaldía de Medellín se está destapando. La Fiscalía inició formalmente investigación penal en contra de la Secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo; la Exsecretaria Técnica de Buen Comienzo, Lina María Gil. Y en contra de Henry Paulison Gómez, representante legal de la Corporación Colombia Avanza, contratista de la Alcaldía de Medellín. El pasado 13 de febrero, la Fiscalía solicitó la imposición de medida de aseguramiento, la cual se encuentra pendiente por resolver.
Se imputaron cuatro delitos relacionados con dos contratos. Por el primer contrato, la Fiscalía cuenta con elementos materiales probatorios para inferir que se incurrió en los delitos de Celebración de contratos sin cumplimientos de requisitos legales y peculado por apropiación en grado de tentativa. Y en el segundo contrato que tenía por objeto prestar servicios de alimentación a la población escolar, la Fiscalía les imputó Interés en la celebración indebida de contrato y peculado por apropiación.
Sabemos entonces que fueron imputados en calidad de autores materiales del delito por encontrarse las firmas de estas personas en los contratos investigados y, si bien se presumen inocentes, existen elementos que permiten inferir de manera razonable la autoría o participación de estos en la comisión de delitos contra la administración pública.
Pero la pregunta va más allá. ¿Quién es la persona detrás de la celebración de estos contratos? ¿Quién es el determinador de estos delitos? ¿Quién dio la orden a Alexandra Agudelo y a Lina María Gil para que firmaran esos contratos? No lo sabemos, pero es claro que, detrás de todo esto, hay un determinador que dio la orden para firmar y, muy seguramente, quien haya dado la orden sea alguien con fuerte injerencia sobre la Secretaría de Educación implicada.
Según un análisis que hizo la Corte del inciso 2º del artículo 30 del Código Penal, “Determinador es quien instiga, genera, provoca, crea, infunde o induce a otro para realizar una conducta antijurídica, o refuerza en él, con efecto resolutorio, una idea precedente”. Y quien actúa como determinador purga la misma pena que el ejecutor de la conducta.
¿Quiénes entonces dentro de la administración o fuera de ella podría ser el determinador en la comisión de estos delitos? ¿Quiénes habrían dado la orden para la celebración de estos contratos sin el cumplimiento de requisitos legales?
Si esta investigación llegara a terminar en una condena en contra de Alexandra Agudelo, Henry Paulison Gómez y Lina María Gil, los medellinenses deberíamos al menos saber quiénes han sido los verdaderos beneficiados en la apropiación de estos recursos púbicos y quiénes están detrás del manejo inescrupuloso de los recursos de los niños de nuestra ciudad.
La Fiscalía evidencia más de 1.000 millones de pesos en sobrecostos en la facturación tanto en los programas de atención en Buen Comienzo como en los paquetes alimentarios. Estos contratos por valor total de 27.600 millones de pesos fueron entregados por la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Medellín a la Corporación Colombia Avanza.
Las victimas finalmente son los niños y niñas de Medellín, las madres gestantes y lactantes, pues la calidad y cantidad de los alimentos disminuyó y trajo consigo aumento en casos de desnutrición crónica y bajo peso al nacer. Un daño para nuestros niños que ya no será fácil reparar.
¿Quién será el determinador? .
