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Nos cuesta mucho aceptar que aún después de que una pandemia nos encerró y nos evidenció lo vulnerables que somos, no hayamos afianzado como un propósito colectivo el cuidado, la protección y la defensa de la vida. No es admisible (nunca lo ha sido y mucho menos ahora), que las disputas territoriales de organizaciones criminales minoritarias sometan al temor a comunidades enteras, mediante el confinamiento o el éxodo.
Nuevamente la cabecera municipal de Ituango recibe a quienes huyen de la incertidumbre sembrada por los ilegales. Hoy son 967 familias desplazadas, 2311 personas que han llegado en busca de protección y de refugio ante las presiones y amenazas. Pero es un dato que va en aumento porque muchas personas siguen camino a la cabecera para buscar amparo. Campesinos conminados a dejar sus parcelas, sus casas, sus sembrados. Ni la institucionalidad ni la sociedad en su conjunto los podemos dejar solos.
Allí están el Ejército y la Policía, brindando seguridad y asegurando la zona para retomar el control y proteger a los campesinos, para garantizar que puedan regresar a sus hogares y cuidar sus cosechas. Además, están tras el rastro de los ilegales que presionan el desplazamiento, un nuevo delito que les sumará la Fiscalía
