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Movistar y Tigo, empresas multinacionales que cuentan con importante participación accionaria del Estado, han promovido una campaña de desinformación para presionar en forma indebida a las autoridades con el fin de declarar a Claro como operador dominante en el mercado de servicios móviles.
Estas dos compañías quieren que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) tome una decisión injustificada que les traería billonarios beneficios, permitiéndoles evitar las inversiones en sus propias redes en Colombia. Tres de cinco comisionados de la CRC deberán ser reemplazados inmediatamente con la sanción de la Ley de Modernización de las TIC. Esta es la razón por la que estas compañías buscan presionar una decisión sin sustento, para limitar la capacidad competitiva de Claro, que les facilite evitar las inversiones que deben hacer en un escenario de libre competencia.
Pero esta solicitud lejos de promover la competencia la distorsionaría, impactando negativamente a los usuarios. Se afectaría la presión del mercado para reducir los precios, mejorar la calidad de los servicios, aumentar la inversión en el sector (...).
El sector de las telecomunicaciones no debe tolerar la práctica de obtener por la regulación lo que se debe ganar invirtiendo y compitiendo en favor del consumidor.
