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Infortunadamente, la discusión y el análisis político en Colombia se ha convertido en un plebiscito sentimental de todo o nada frente a ciertos personajes públicos. Y así, el dilema es si se le cree todo a Uribe o si no se le cree nada; o si se le cree todo a Mockus o no se le cree nada. Y los medios contribuyen poco a poner el debate en términos más objetivos. Por ejemplo, se ha soslayado el monto de ciertos contratos, y la discusión no se centra en el costo exorbitante que está pagando el Gobierno a costa de los impuestos de los ciudadanos para ambientar su programa de paz. Esos contratos exigirían una rendición de cuentas, y lo curioso es que quien pasa de agache en esto es el Alto Comisionado para la Paz.
Hay que distinguir los contratos de los analistas, asesores y académicos que contribuyen a una mejor comprensión con lo que ha pasado con las Farc y que ayudan a la solución del conflicto, que son legítimos. Pero hay otros que están suscritos con actores políticos, como la Corporación Arco Iris, Antanas Mockus, o personas que no se sabe qué rol tienen en la pedagogía para la paz.
Debemos preguntarnos por el altruismo de los “amigos de la paz”, y de si el Gobierno se ha valido de estos contratos para comprar apoyos políticos para el proceso de La Habana.
