“El incremento del PIB de la cadena de la coca está estrechamente asociado a la rápida expansión desde 2014 de las hectáreas cultivadas de la planta de la coca, que en 2017 alcanzó 171 mil hectáreas, el mayor nivel desde comienzos del nuevo siglo.
En este trabajo no discutimos las causas de dicho incremento ni tampoco las políticas necesarias para su erradicación.
Solo basta argumentar que esta actividad ilegal distorsiona la coherencia de las cifras macroeconómicas, induce movimientos indeseados de los recursos productivos y estimula otras actividades ilegales como el contrabando. Pero, más allá de su impacto sobre la economía, el crecimiento de esta actividad ilegal es un desafío a la seguridad nacional y a nuestras instituciones.
Si recordamos el enorme precio que Colombia ha pagado históricamente como consecuencia de la proliferación de los cultivos ilícitos y el narcotráfico, la erradicación de dichos cultivos, la destrucción de laboratorios para la producción de pasta de coca y de clorhidrato de cocaína y la neutralización de los circuitos comerciales de estas actividades, deben convertirse en una política prioritaria para el Estado”.
