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Mientras el Gobierno considera que no hay motivo para la protesta –por cuanto, según afirma, se funda en falsedades-, los organizadores sostienen que hay muchas razones para marchar, se protesta contra varios males de nuestra democracia. El Ejecutivo no es el llamado a calificar o dictaminar si hay o no motivos justificados para la protesta porque, en buena parte, son sus decisiones u omisiones las que constituyen la razón del descontento. Quienes deben saber si tienen o no una o muchas razones para expresarse contra el Ejecutivo son aquellos que decidan salir a marchar, protegidos por la Constitución, siempre que la marcha sea pacífica y respetuosa del orden jurídico.
El Gobierno y las autoridades deben garantizar el libre ejercicio del derecho, en cuanto la Constitución les ordena facilitar la participación popular en la toma de decisiones, y además establece que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente” y que las limitaciones a ese derecho básico solamente las puede prever la ley, no el Gobierno, ni la administración.
Desde luego, las autoridades de policía deben garantizar la marcha o reunión pacífica, y también preservar el orden público, de manera que deben reaccionar cuando haya desmanes, violencia, ataques a las personas o a los bienes públicos o privados
