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El Gobierno lamenta profundamente que (la Oficina de la Onu) haya dejado pasar la oportunidad de producir un análisis más completo, balanceado, integral y actualizado que refleje de manera objetiva la compleja realidad colombiana. También, lamenta que la Oficina haya pasado por alto su deber de realizar propuestas concretas y viables, dirigidas a la obtención de resultados que conduzcan al fortalecimiento de las capacidades del Estado colombiano para proteger y garantizar los derechos humanos.
Colombia es un país abierto al escrutinio internacional (...) No tiene nada que ocultar porque sus instituciones trabajan de manera dedicada y comprometida por el bienestar y el progreso de cada uno de sus habitantes.
Recibimos con extrañeza que el informe de la Oficina haga críticas y señalamientos que nunca han sido comunicados al Estado en el marco de las mesas de diálogo establecidas con las diferentes instituciones. Recibimos con particular desconcierto las apreciaciones que afectan la legitimidad de la Fuerza Pública, y cuestionan su apego al respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En varios casos, el Estado solo tuvo conocimiento de hechos a partir del informe de la Oficina, aunque su mandato claramente establece el deber de informar al Gobierno sus preocupaciones con el fin de propiciar un diálogo y recibir retroalimentación al respecto.
