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La idea nuestra es robustecer la institución, y la institucionalidad del país, con una Procuraduría que se encargue de hacer todo el proceso disciplinario, tanto la investigación como el juzgamiento y sanción. Y dentro de eso, lo que proponemos dentro del proyecto de ley, que es una reforma a la ley disciplinaria, es introducir, en primer lugar, facultades jurisdiccionales a los funcionarios que hacen procesos disciplinarios, y por otro lado, garantizar la doble instancia –garantizarla más, porque sí la teníamos garantizada– que era la otra petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, separando la función de instrucción y de juzgamiento. Además, se va a otorgar la doble instancia a todas las decisiones disciplinarias y la doble conformidad, que son otras reglas modernas que las convenciones internacionales le han pedido a Colombia que incluya en sus reglamentaciones.
Necesitamos separar funciones, lo cual nos obliga duplicar los funcionarios, para que sea uno que instruya, y otro que juzgue y decida. Por eso en el fondo en el proyecto estamos solicitando facultades extraordinarias para duplicar los funcionarios regionales y provinciales, para que puedan hacer esa labor independientemente como lo exige la Corte Interamericana. Hasta agosto de este año tenemos para cumplir con lo solicitado por esa Corte
