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A finales de la década de los ochenta del siglo pasado y principios de los noventa, la celebración de elecciones -presidenciales o legislativas- en los países de Latinoamérica era un acontecimiento político y noticioso de la mayor importancia, en cuanto a que se asimilaba el llamamiento a urnas con las vigencia de un orden democrático. Tras décadas de dictaduras en buena parte del continente, la apertura a calendarios electorales hizo aflorar un sentimiento renovado de democracia representativa, primero, y participativa, después.
Luego vendría el desencanto, al percatarse las ciudadanías de que las elecciones de por sí no aseguraban que los valores y garantías de la democracia no quedaban afianzados con la sola posibilidad de votar. De allí los crecientes porcentajes de abstencionismo. Y luego, la fórmula patentada por Hugo Chávez y el caudillismo bolivariano, que usó las elecciones como mecanismo de campaña permanente y, vaya paradoja, como taladro para horadar el sistema democrático y meter a la brava un sistema socialista de corte autoritario, hoy ya abiertamente mafioso y dictatorial.
Las elecciones se celebran con relativa normalidad en Latinoamérica, pero las campañas y los procesos electorales tienen que enfrentarse a un descontento social creciente que, como advertía ayer Michelle Bachelet en la ONU, va a incrementarse con la crisis socioeconómica derivada del Covid-19.
Ecuador acudirá a segunda vuelta de presidenciales el próximo 11 de abril. Las encuestas predicen el regreso del correísmo, con el candidato Andrés Arauz. El caudillo populista Rafael Correa, cada vez más radicalizado, sectario y militante del chavismo bolivariano, elegiría así segundo presidente, aunque con Lenin Moreno todas las proyecciones que tenían se fueron al traste porque Moreno prefirió pilotar el país con su propio programa y su propia gente.
Perú irá a las urnas el mismo 11 de abril. Llega con un presidente interino, para terminar un cuatrienio de inestabilidad en el mando -dos presidentes fallidos, por renuncia forzada, uno, y destitución, el otro, más un tercero que duró dos días-. Eligen también Congreso, en un entorno de guerras políticas donde el Legislativo y el Ejecutivo han generado bloqueos infranqueables.
Chile tendrá elecciones para asamblea constituyente en abril, y presidenciales en noviembre. El proceso constituyente viene precedido de unas manifestaciones que llegaron a un pico de violencia que no solo conmovió sino que asustó a la clase política y empresarial. El país se apresta a un período en el que han tomado fuerza movimientos que convencieron al electorado de que una nueva Constitución era un mecanismo idóneo para reparar desigualdades sociales y económicas. Las elecciones presidenciales de diciembre estarán del todo supeditadas al resultado de la constituyente. La paradoja de Chile es que muchos creen que allí se impuso un neoliberalismo perpetuo, a pesar de que en estos 31 años, desde 1990 hasta hoy, 24 de ellos han estado regidos por gobiernos socialistas o de centro.
En noviembre también habrá elecciones en la desdichada Nicaragua, tomada por una dictadura familiar que es lo más parecido a lo que el sandinismo decía que iba a erradicar: el régimen de los Somoza. Daniel Ortega impondrá su eternización en el poder, para prolongar la larga agonía de su pueblo en el atraso y la ausencia de horizontes democráticos