Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
Mañana se cumplen 30 años de la votación popular para convocar la Asamblea Nacional Constituyente, y para la elección de los 72 delegatarios que habrían de redactar la nueva Constitución Política que entraría a sustituir la Carta hasta entonces vigente, que databa de 1886.
El proceso constituyente venía intentándose convocar desde años atrás. La violencia del narcotráfico y de las emergentes bandas de autodefensas –paramilitares– habían convertido el período del gobierno liberal de Virgilio Barco (1986–1990) en una larga sucesión de hechos criminales de extrema gravedad, y en una manifestación evidente de ingobernabilidad e incapacidad del gobierno y del Estado en general para responder con eficacia a tamaños desafíos del crimen organizado.
El asesinato en agosto de 1989 de Luis Carlos Galán, candidato del Partido Liberal a la Presidencia para las elecciones del año siguiente, y luego el de Bernardo Jaramillo Ossa, de la UP, y del exguerrillero del M-19 Carlos Pizarro, ambos en 1990, apuntalaron un movimiento estudiantil que prendió la mecha del proceso constituyente con la expectativa de lograr la paz mediante la expedición de una nueva Constitución, habiéndose extendido el argumento de que era la vigente Constitución de 1886 la que cerraba el paso a nuevas expresiones políticas, la que limitaba el pluralismo y la que impedía que se asentara una “paz estable y duradera”.
En la vigente Carta de 1886 las reformas constitucionales solo podían hacerse por el Congreso. La convocatoria a una Asamblea Constituyente, por ende, se forzó a través de decretos presidenciales de Estado de Sitio, aduciendo circunstancias extraordinarias imposibles de canalizar mediante los instrumentos constitucionales normales. Eso terminó siendo convalidado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, encargada en esa época del control de constitucionalidad.
El 9 de diciembre de 1990, el censo electoral colombiano habilitaba a 14.237.110 de ciudadanos para votar. No obstante, apenas un poco más de tres millones lo hicieron. La abstención fue del 75 %. Así y todo, fue tan intensa la campaña –en una época sin redes sociales, sin hashtags, solo a través de los medios de comunicación tradicionales– que prometía un “nuevo país”, una “ruta segura hacia la paz”, que la evidencia de las cifras que indicaban una votación minoritaria y una endeble legitimidad de la votación, fueron soslayadas por prácticamente todas las fuerzas políticas y de opinión en ese momento.
Dentro de esa votación reducida, los movimientos políticos cuyas listas obtuvieron más votos fueron las del Partido Liberal, el M-19 (guerrilla recién desmovilizada y firmante de acuerdos de paz) y el Movimiento de Salvación Nacional liderado por Álvaro Gómez Hurtado. Fueron elegidos también constituyentes indígenas y unos representantes con voz pero sin voto de movimientos guerrilleros desmovilizados.
Decía el editorial de EL COLOMBIANO del 10 de diciembre de 1990, un día después de la jornada electoral: “Entendemos la Asamblea (Nacional Constituyente) como un espacio propicio para el diálogo y para la conquista de una nueva Constitución que defina la filosofía del Estado colombiano, que concilie criterios opuestos, que trace líneas de convergencia y que rescate la unidad nacional sobre la base de la diversidad”.
El hecho electoral quedó registrado con sus datos para revisión histórica, y la realidad posterior, con sus luces y sombras, están ahí para las nuevas generaciones que quieran saber cómo hemos llegado hasta los momentos actuales, de dónde venimos y cómo se transitó esa ruta. El año que viene será de repaso de lo que fue el proceso constituyente y la génesis del texto que, hoy lleno de remiendos y adiciones forzadas, nació el 4 de julio de 1991.