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Con la aprobación por parte del Congreso de la República del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, queda en firme la hoja de ruta a seguir durante este cuatrienio y se pone a prueba la capacidad del Ejecutivo para hacer realidad los propósitos consignados mediante una ejecución eficaz de las políticas y los recursos asignados.
El objetivo del Plan, que resulta pertinente, altamente retador y de largo plazo, es “construir una Colombia en paz, equitativa y educada”. Sin duda, en dicho objetivo se resume buena parte de las aspiraciones de una sociedad signada por la violencia, la inequidad y la falta de oportunidades.
La concreción de la visión de país que se propone se fundamenta en el logro de una paz sostenible basada en el goce efectivo de derechos, en la promoción de un desarrollo humano integral con oportunidades para todos los ciudadanos, y en el convencimiento de que a través de la educación se avanza hacia la igualdad social y el crecimiento económico.
Para la ejecución del Plan se consideran seis estrategias transversales, entre las que están la competitividad, la movilidad social y el crecimiento verde.
De igual manera se definen las correspondientes estrategias regionales. Para el Eje Cafetero y Antioquia la estrategia establecida se resume en el lema: capital humano innovador en territorios incluyentes.
La ejecución del Plan demandará recursos por 703,9 billones de pesos, de los cuales la inversión del Gobierno Nacional corresponde a 160,3 billones. Según el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria, estas partidas están “acordes con el marco fiscal de mediano plazo y es realista de cara al nuevo escenario económico”.
Además de la definición de los objetivos y la financiación, el Plan de Desarrollo incluye un conjunto amplio de artículos con los cuales se adoptan medidas y reformas en diversos campos. Para el director del DNP, en el articulado del mismo “están las reformas que se requieren para transformar el país”.
A falta de una Ley estatutaria en salud (que se hundió en el Congreso) o de un nuevo Código Minero o de una adecuada estructura institucional agropecuaria y rural, el Gobierno aprovechó la discusión del Plan de Desarrollo para subsanar diversas falencias institucionales y definir asuntos pendientes en otros campos, los cuales se consideran fundamentales para la adecuada ejecución de las políticas y los recursos contemplados en el Plan.
Esta decisión gubernamental, que de cierta manera responde a la lógica de que no basta con proponer políticas si estas no pueden llevarse a la práctica por las restricciones institucionales existentes, generó un amplio debate adentro del Congreso, pues para algunos sectores no solo se estaban excediendo los alcances de un Plan de Desarrollo sino que se evadían los necesarios debates en asuntos de gran calado.
No obstante que la decisión final respecto a la legalidad o no del texto del Plan (o de algunos de sus artículos) corresponde a la Corte Constitucional, la definición del alcance y el contenido de dichos planes debería ser objeto de aclaración.
Con el Plan de Desarrollo 2014-2018 el Gobierno se siente confiado de disponer de las herramientas necesarias para hacer realidad las propuestas y las transformaciones sociales formuladas. Por tanto, el reto que queda es que esto se haga con eficacia en medio de un marco fiscal complicado y una economía en plena desaceleración.