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Sin querer queriendo. Como en una popular serie de televisión mexicana el gobierno ha venido realizando incrementos consecutivos en el precio del galón de la gasolina, que antes hubieran causado protestas y paros y que hoy son aceptados a regañadientes por los usuarios.
Cuando Gustavo Petro llegó a la Presidencia, en agosto de 2022, el galón de gasolina estaba en 9.180 pesos, en promedio, y ocho meses después está alrededor de 11.170 pesos, un precio de referencia teniendo en cuenta que las estaciones de servicio pueden fijar el valor que les cobran a los usuarios, dentro de un régimen vigilado.
En las ciudades fronterizas de Pasto, en Nariño, y Cúcuta, en Norte de Santander, el precio del combustible es menor, alrededor de 9.300, mientras que Cali y Villavicencio tienen los mayores ajustes. Llama la atención que sea la capital del Meta, uno de los principales departamentos productores de petróleo, la que pague la gasolina más cara.
Sin embargo, el incremento en el diésel se ha mantenido prácticamente estable, lo que explica el hecho de que el sector del transporte de carga por carretera no ha realizado paros, aunque sí ha expresado que está atento a cualquier medida sobre el particular. Y el combustible más contaminante es precisamente el diésel o ACMP, que está en más de 2.000 pesos por debajo de la gasolina corriente. En las ciudades y carreteras se ve a diario la nube negra de emisiones contaminantes que dejan muchos vehículos de carga pesada, lo que va en contra de la política del cuidado del medio ambiente de este gobierno.
Es decir, que todo el peso de las alzas está recayendo sobre los carros particulares porque en medio de una inflación tan alta como la que vive el país, el gobierno se cuida de no echarle más leña al fuego teniendo en cuenta que aumentos en los costos del transporte de carga se trasladan al precio de los alimentos.
Esta alza, indeseable para muchos que tienen vehículos, es inevitable porque hay que tapar el inmenso hueco que dejan los subsidios a la gasolina y el diésel, que son asumidos por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Dicho fondo tiene actualmente un faltante de 28 billones de pesos, una cifra que es superior a los recursos generados por la reforma tributaria.
En la asamblea de Ecopetrol realizada a finales de marzo se decidió que parte de las millonarias utilidades de la petrolera se irán a cubrir este faltante, pero persistirá un desfase cercano a los 7 billones, que seguirá en aumento en la medida en que no se toquen los precios del diésel y que repunten las cotizaciones internacionales del barril de petróleo, como está ocurriendo actualmente.
Hay que destacar la decisión del actual gobierno de darse el lapo en un tema que es muy impopular. Para ello definió desde el año pasado un plan para realizar los reajustes mensuales hasta el 2024, que se extenderá hasta el 2025 para el ACPM o diésel. Aunque no ha señalado hasta dónde llegarán los incrementos, no se descarta que el galón ronde los 16.000 pesos. Durante el gobierno del presidente Duque los precios de los combustibles no se incrementaron debido a la pandemia de la covid-19. Por eso las alzas se aceleraron en esta administración, porque el manejo del Fepc se estaba volviendo insostenible.
¿Quién iba a creer que, en el gobierno de Petro, el presidente, impulsado por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, subiría el precio de los combustibles a niveles nunca vistos en el país? Una medida responsable que contrasta con las reformas que ha presentado al Congreso y que han despertado tanta controversia.
¿Hasta dónde alcanzará la pita? Todavía es prematuro saber si se cumplirá el plan establecido en los tiempos fijados antes de que comience la presión popular, pero no hay mucho por hacer ya que de lo contrario es seguir subsidiando los combustibles, en un país donde son muchas las necesidades y escasos los recursos. Hay que tener en cuenta que Colombia es uno de los países de América Latina donde el precio del combustible está entre los más baratos.
En este escenario, la Organización de Países Productores de Petróleo (Opep), más Rusia, decidió hacer recortes en la producción de crudo, lo que llevó a un alza en el precio del barril, que subió a 84 dólares. Colombia se beneficia de estos incrementos y podría recibir ingresos adicionales que no caen nada mal porque el Plan Financiero para 2023 se hizo con base en un barril a 94 dólares. Pero a mayor precio internacional, más presión sobre los precios en el mercado interno. Así que puede ser un arma de doble filo.
Con precios internacionales altos nuevamente se abre la discusión de la importancia que tienen para el país las exportaciones de hidrocarburos y las consecuencias de la presión sobre el precio de la gasolina. .