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Editorial

Acuerdo con flaquezas

Aunque los seis puntos del pacto con las Farc se cumplen parcialmente, inquietan la seguridad de los excombatientes, los recursos limitados y la incertidumbre en aspectos normativos y jurídicos.
<span class="priority-content" mlnid="idcon=33613655;order=2.0">Acuerdo con flaquezas</span>
ilustración Morphart Publicado el 24 de junio de 2019

El último informe de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional del Acuerdo del Fin del Conflicto con las Farc constata que los avances son pálidos. Asuntos como la reforma rural integral, pieza medular de lo pactado, y la participación política, en un sentido amplio e integral —no solo del partido Farc—, se ven afectados por las limitaciones aún existentes en la entrega de predios y en la violencia contra los excombatientes y los líderes sociales en las regiones.

Hay que decir que el país no debe ni puede permitirse el fracaso de una negociación que implicó un esfuerzo, un reto y un desgaste político de la magnitud que tuvo la mesa de La Habana para el Estado y la institucionalidad colombiana, con un resultado final que, aunque discutible y ajustable en las implicaciones de lo acordado, trajo el desarme y la reincorporación a la vida civil del mayor agente perturbador de la seguridad y la integridad de la vida nacional: las Farc.

Mientras se estrechan los tiempos para implementar el Acuerdo, la realidad activa signos de alarma: el aumento de las deserciones. Los informes recientes hablan de disidencias conformadas por más de 2.500 hombres, mil más que los se contabilizaban al iniciar 2018. ¿Por qué se intensifica la desbandada?

Sin duda la lentitud y limitación de la puesta en marcha de los proyectos productivos está perdiendo terreno frente a la oferta del nuevo reclutamiento de los excombatientes de las Farc en las disidencias, el Eln y las bandas criminales.

El Gobierno Nacional asegura que en 10 meses se pasó de dos proyectos productivos en marcha a 25, y de dos planes de desarrollo con enfoque territorial a 16. Pero desde la Secretaría Técnica se recuerda que los reclamos más insistentes de los desmovilizados hoy son tierras, participación política y seguridad. La promesa oficial es, en 2019, entregar 240 predios de subsidio integral y cubrir 900 solicitudes de adjudicación de baldíos. El problema es que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) no estableció metas medibles y, advierten los críticos, no avanza una estrategia clara para conformar el Fondo de Tierras.

La situación actual del proceso es de dilemas: se asegura que no se puede hablar con contundencia solo de avances, de estancamientos, de retrocesos o de incumplimientos. La implementación avanza a cuentagotas.

La seguridad personal y la económica de los excombatientes empiezan a erosionar la estabilidad del proceso. Está hecho el censo que identificó dónde están, qué potenciales productivos tienen, cuáles son sus necesidades laborales individuales y colectivas, basados en su nivel de capacitación, pero ello no servirá de mucho si los proyectos productivos no arrancan. 2019 y 2020 se plantean decisivos.

Aunque la recepción de los bienes prometidos por las Farc para la reparación de las víctimas no supera el 10 %, según informe de este diario, la Fiscalía avanza en extinciones de dominio y se enfatiza en la necesidad de fortalecer y acompañar procesos de reparación colectiva, retornos y reubicaciones, con atención sicosocial y restitución. El contraste está en el avance del trabajo de la comisión de la verdad y de la búsqueda de desaparecidos, considerado positivo.

El Gobierno Nacional, el Congreso, las ONG, la Farc y la comunidad internacional deben pellizcarse mutuamente para que el Acuerdo no caiga en zonas grises de ineficacia y descuido, y mucho menos en el escenario inconveniente de la inercia y el fracaso.

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