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El Gobierno de Iván Duque y los representantes de la llamada Minga indígena del Cauca llegaron a un acuerdo para levantar el bloqueo que llevaba casi un mes en la principal vía del suroccidente del país, la Panamericana.
Hay, como es natural, una sensación de alivio, sobre todo en los departamentos más afectados por el bloqueo de la vía y sus municipios (Cauca, Nariño, Huila y Valle del Cauca), pues el acuerdo del pasado sábado permite, por lo menos de forma preliminar, la reactivación del tránsito en esa arteria clave del territorio colombiano y el paso del transporte, impedido mediante violencia y que generó desabastecimiento de alimentos, medicinas, combustible y mercancías de primera necesidad.
El alivio se sentirá pero también las reflexiones que derivan de esta nueva demostración de que las vías de hecho, los actos de fuerza, los bloqueos y la afectación a enormes núcleos de población son las que, al final y como ya parece norma de conducta, aseguran la eficacia en el logro de concesiones gubernamentales para los grupos que tienen la capacidad de presión coactiva para sacar adelante sus condiciones.
El jueves de la semana pasada decía en Cali el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que el impacto del bloqueo para el suroccidente del país “es terrible para la región, absolutamente devastador”. Y agregaba que “tenemos algunos estimativos, están en los billones de pesos de pérdidas económicas, suma una cantidad muy grande de recursos perdidos” (entrevista a El País, de Cali, 04/04/2019).
Tanto el presidente Iván Duque, como su delegada en las negociaciones con los dirigentes de la Minga, la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, como el propio ministro Carrasquilla, insisten en que se firmó el acuerdo incluyendo solo compromisos que sean cumplibles y que tengan asegurada su financiación.
También dijo el presidente Duque algo clave: en el Plan Nacional de Desarrollo se contemplan 10 billones de pesos en el cuatrienio para población y territorios indígenas, en salud, vivienda, educación, “y con indicadores para hacer seguimiento estricto a las inversiones”.
Tal seguimiento debe ser más bien una auditoría, máxime cuando el contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, reveló también la semana pasada que la Contraloría iniciará una Actuación Especial de Fiscalización para determinar en qué se han utilizado los recursos del Sistema General de Participaciones por cerca de 800 mil millones de pesos que se han destinado a los resguardos índígenas del Cauca en las últimas cuatro vigencias. Y dijo el contralor que “no estamos viendo resultados representados en mayor salud y educación, ni en el componente nutricional de los niños indígenas”.
Hay muchas críticas al Gobierno, incluidas las de sus principales apoyos parlamentarios. Hubo morosidad inicial y pudo haberse por lo menos evitado el bloqueo de la vía. Pero ya con el problema creado, consideramos que la actuación de la Fuerza Pública fue prudente (a pesar de haber sido asesinado un agente de la Policía, Boris Benítez). Si pudo haber falta de autoridad política, la de los uniformados no podría haber sido llegar a arrasar en la zona.
Mañana esperan en el Cauca al presidente de la República. Los comités indígenas definen el encuentro como “debate político”. No es deseable que haya una confrontación que revierta los acuerdos, así pueda haber, como es natural, posiciones disímiles. Ojalá se imponga el respeto, no incompatible con la exigencia gubernamental -y ciudadana- de que los recursos comprometidos se destinen a los fines consignados en los acuerdos. El Estado habrá de cumplirles a los indígenas. Las organizaciones que los representan, también, a ellos y al país.