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Ninguno alzará la mano cuando se les pregunte a los distintos gobiernos cuál lo tuvo fácil para tramitar, negociar y aprobar en el Congreso una reforma tributaria. Ahora bien, a algunos se les ha hecho menos complejo el camino porque o bien la han impulsado al inicio del mandato, cuando tienen buen margen de gobernabilidad y capital político, o bien porque se trataba de reformas puntuales para tapar de urgencia huecos fiscales de corto o mediano plazo. Y todos, obviamente, negociando con cada parlamentario voto a voto.
Al Gobierno del presidente Iván Duque le tocó ya hacer una reforma al inicio del mandato, acuciado por obtener recursos que, entre otras cosas, pudieran asegurar el cumplimiento de enormes compromisos adquiridos por la administración anterior que no los dejó financiados. Luego vino la pandemia del covid-19 con las consecuencias sociales, económicas y políticas que son de conocimiento general, y el clamor de amplios sectores para que el Gobierno Nacional dispusiera de los recursos públicos y destinara ayudas inmediatas, directas e indirectas, para sobrellevar una situación cercana a la ruina y a la desaparición de cientos de miles de negocios y empleos.
La vía prioritaria para el aseguramiento de recursos fue el endeudamiento externo del país. Según datos del Banco de la República, el endeudamiento de Colombia a diciembre de 2020 era de $154.968 millones de dólares, equivalente al 55,4 % del PIB nacional. De la deuda contratada a largo plazo, el 72 % lo fue por el Gobierno central. Paralelamente, las fuerzas políticas exigen del mismo Gobierno la ampliación de programas sociales que incorporan subsidios, ayudas o exenciones de obligaciones fiscales, al tiempo que alzan la voz para oponerse a cualquier iniciativa de fortalecimiento de las finanzas públicas que implique el cobro de nuevos impuestos.
La coyuntura económica, social y política para el Gobierno ha sido la más difícil que pueda imaginarse. En año preelectoral, cuando los congresistas no están dispuestos a asumir medidas impopulares, y cuando tantos líderes políticos con pretensiones presidenciales solo tienen como estrategia la siembra de discordia e inconformidad social, para subirse en la ola del desprestigio del gobernante saliente para ser visibles como salvadores.
Llama la atención que a la par que se oponen con rotundidad a las medidas de ajuste tributario, no se les oyen a los políticos opositores sus propuestas con alternativas mejores, o con medidas realizables, concretas. Es fácil atacar una reforma tributaria, da réditos y visibilidad oportunista tantas veces. Más difícil es presentar las opciones que lograrían el éxito inédito de poder cumplir todos los programas sociales, asegurar subsidios y ayudas, al mismo tiempo que no se cobran mayores impuestos.
El presidente Duque, en todo caso, saliendo a hacer control de daños –en lo cual le habrían podido ayudar de antemano sus funcionarios– anunció un nuevo texto al proyecto de reforma, en el cual “debe quedar absolutamente claro que no van a haber aumentos en el IVA en bienes o servicios, ni cambiar las reglas actuales”, y que “las personas que hoy no pagan el impuesto de renta, no lo van a pagar”.
Para quienes han caricaturizado al presidente Duque como un subalterno del expresidente Álvaro Uribe, ha sido impactante ver a este expresando en todas las formas posibles su preocupación y malestar por los oídos sordos del equipo económico del Gobierno a las advertencias sobre la inviabilidad política de una propuesta como esa en los momentos actuales. Por lo menos el presidente ya accedió a que el equipo del Ministerio de Hacienda construya un nuevo texto con el Congreso, “que recoja el consenso y que se nutra de propuestas valiosas presentadas por los distintos actores de la sociedad civil”