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La falta de recursos de los cuerpos de bomberos en Colombia no es novedad. Por el contrario, se ha convertido en una situación endémica que año tras año es denunciada por los medios de comunicación en prácticamente todas las regiones del país.
Sin embargo, lo que ocurre en este momento en Medellín supera con creces cualquier situación del pasado, porque unida a la crisis por falta de recursos, se ha emprendido una batalla política con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) que no tendría por qué estar sucediendo.
Vamos por partes.
Los cuerpos de bomberos son instituciones organizadas para prevenir, atender y controlar incendios, realizar rescates y atender incidentes con materiales peligrosos. Esas son sus funciones definidas. En nuestro país existe la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, institución que coordina los diferentes cuerpos en cada región del territorio nacional. Y es función de los alcaldes velar por que dichos cuerpos tengan el soporte técnico y material para poder desarrollar su actividad de servicio público a la ciudadanía.
Para apoyar esta labor, existe un decreto que asegura el impuesto pertinente regulado por la ley 1575 del 2012, en el que se señala que los gobiernos de los municipios y ciudades deben destinar una parte de su recaudo a la financiación de los bomberos, lo cual estipula como un servicio público. El problema, por un lado, es que no todas las regiones lo han firmado y, por el otro, cuando se terminan los convenios con las administraciones públicas los bomberos se quedan sin presupuesto, en muchos casos, durante meses, hasta que se vuelven a renovar los convenios. En esa situación de limbo es cuando más precarias se vuelven las condiciones laborales de los bomberos y se pone en aprietos a los cuerpos voluntarios, los cuales, aunque no suspenden su trabajo, deben desempeñarlo con las uñas. Se entra, entonces, en una realidad que consiste en que lo que se daña no se arregla. Y punto.
Así llegamos a la situación actual de Medellín. 14 carros de bomberos dañados por falta de mantenimiento. El único carro que puede alcanzar estructuras de 31 metros de altura, paralizado porque el contrato de reparación y mantenimiento preventivo finalizó el 31 de agosto. Hay vehículos sin sirenas, las dotaciones de los bomberos están hechas trizas y los han dejado sin personal de apoyo psicológico y manejo de trámites frente a la ARL. Y para poder garantizar que ningún ciudadano se vea afectado, deben recurrir al servicio de otras estaciones más lejanas al lugar de los accidentes, con las consecuencias que tiene el perder minutos: puede significar vidas.
Lo normal en un caso así sería recibir apoyo de el Dagrd; finalmente, esta es la instancia municipal encargada de liderar el proceso de la gestión del riesgo de desastres y la responsable de formular, ejecutar y hacer seguimiento a las estrategias y planes para reducirlo en la ciudad de Medellín. Y si algo dejan claro los bomberos cada vez que dan declaraciones es que lo único que quieren es que el Dagrd se haga cargo de sus responsabilidades. Nada más.
Pero los cambios constantes de sus directores en los últimos meses, y el nombramiento de Laura Cristina Duarte Osorio, han complicado aún más las cosas. Se dice que su título de medicina no le da la experiencia necesaria para dirigir este organismo de carácter humanitario que requiere técnicos y no políticos. La sensación es que su nombramiento obedece al pago de cuotas políticas más que a su idoneidad para el cargo.
Lo que planteamos desde estas páginas es que esto no puede volverse un ataque entre funcionarios cuando está en juego la seguridad de la ciudadanía. Los cuerpos de bomberos ofrecen un servicio abnegado y esencial en las ciudades. No puede ser que tengan que pasar constantemente por esta montaña rusa de intereses que a nadie más que a un puñado de individuos puede beneficiar. Medellín merece más