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Ayer fue detenido de nuevo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en virtud de orden expedida por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien también presentó escrito de acusación ante la misma Corte, en la cual se cumplirá la etapa de juicio.
En cuanto a que es continuación de un proceso en marcha, los hechos son los mismos por los que el gobernador fue detenido en junio del año pasado: irregularidades en un proceso de contratación durante su anterior período en la Gobernación, entre 2004 y 2007, que a juicio de la Fiscalía sobrepasan la categoría de errores subsanables y pasan a los linderos del Código Penal y de la para ese entonces vigente Ley de Contratación Estatal.
La Fiscalía General de la Nación asegura tener todo el acervo probatorio que indica que: 1) En la contratación de obras de mantenimiento de la Troncal de la Paz, entre La Cruzada y Caucasia, el pago del anticipo se aumentó del 25 % al 29 % sin que para ello hubiera justificación técnica y correspondería a “una modificación caprichosa”. 2) El contrato adicional para pavimentar tramos pequeños de la vía y garantizar el pago de mayores cantidades de obra, no contaba con soportes para su justificación técnica. 3) Cuatro días antes de dejar su cargo, en diciembre de 2007, se suscribió un Otrosí para añadir la construcción de un puente sobre el río Nechí, por valor superior a $16.000 millones, que no tenía relación con el proyecto base y que, por lo tanto, debió ser objeto de un proceso contractual distinto, bajo los principios de selección objetiva. 4) Se autorizó un pago, antes del desembolso del anticipo, por valor de $5.000 millones al contratista para compra de maquinaria, a pesar de que en la licitación se establecía como requisito la acreditación de tener todo el equipo suficiente y necesario.
El gobernador Gaviria Correa ha fundamentado su línea de defensa en que él delegó todo lo concerniente a ese proceso contractual y que, como dice la ley, la responsabilidad recae en quien recibe la delegación. La Fiscalía, en cambio, sostiene que haber delegado no lo eximía de su obligación de vigilancia, coordinación y control. Habiéndose presentado esas irregularidades, es él quien debe responder por la acusación de haber incurrido en los presuntos delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Será la Corte Suprema de Justicia la que determine si esas pruebas, efectivamente, acreditan la responsabilidad penal de Gaviria.
Al gobernador habrá de permitírsele su defensa técnica y otorgársele todas las garantías procesales para que pueda ejercer todas las alternativas de defensa que a su alcance pone la ley. Por lo pronto, no es comprensible que la captura en su despacho oficial haya sido objeto de una divulgación mediática por parte de la propia Fiscalía –¿para añadir un castigo moral no consagrado en ninguna ley?– que lo único que hace es lastimar sus derechos como ciudadano.
Antioquia queda de nuevo en interinidad en su liderazgo gubernamental, y ese periodo se prevé largo. El gobernador debe concentrarse en su proceso y en articular su defensa, y la gestión política y administrativa del Departamento, ahora que inicia una etapa de reorganización interna, debe corresponder a quien el presidente de la República designó como gobernador encargado, Luis Fernando Suárez Vélez. No puede haber dos cabezas en el Departamento impartiendo instrucciones sobre la marcha de la Gobernación.
Al igual que en junio del año pasado, al producirse su primera captura, la exhortación a la justicia es que si tardó 13 años para mover un proceso cuyos hechos ocurrieron en 2007, ahora se definan las responsabilidades o la ausencia de ellas con mayor diligencia, para que Antioquia y su población puedan tener certeza sobre lo que pasó en ese proceso de contratación y Gaviria, de resultar inocente, pueda hacer valer su buen nombre