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Para los ciudadanos de Antioquia a los cuales les duele la suerte del departamento y para los que todavía merecen respeto los valores de decencia en el servicio público y el desempeño eficiente y transparente de las actividades oficiales, serán de interés los resultados de dos ejes de acción y decisión.
El primero, la labor de la Fiscalía General de la Nación y de los jueces en el trámite de los procesos que buscan dilucidar y desentrañar la trama de la red corrupta que, según la primera entidad, estaba montada desde la cúpula de la Contraloría Departamental. Allí se recabará la verdad y se fijarán las responsabilidades penales individuales de quienes se desempeñaban como contralor, subcontralor -este con orden de captura y sin comparecer aún ante los jueces- y cuatro contralores auxiliares. No solo es la suerte procesal de estos funcionarios, sino la determinación judicial que puede conducir a que quede expuesta, y la sociedad la conozca en su real dimensión -si las pruebas así finalmente la acreditan-, una de las modalidades corruptas más repulsivas de las que se tenga registro en este departamento.
El segundo eje de definiciones es el de qué va a pasar con la gestión del control fiscal en Antioquia. El que se ha hecho en este cuatrienio está bajo sospecha y la Fiscalía puede ayudar a determinar cuál se hizo -o mejor dicho, cuál dejó de hacerse- bajo el manto del soborno. Si la labor de auditaje está sometida a justificada sombra de dudas, cabe una pregunta consecuente y es si en estos restantes meses habrá alguna posibilidad de que se reconduzca el proceso de gestión del control fiscal y la Contraloría Departamental pueda ofrecer algo que esté ajustado a los principios que le marca la normatividad como objeto de su labor de vigilancia y control.
El capturado contralor Sergio Zuluaga Peña renunció la semana pasada al cargo. Quien legalmente debía reemplazarlo, en este caso el subcontralor Rubén Darío Naranjo Henao, está evadido, con orden de captura vigente y con muchas explicaciones por darle a la justicia, pues sobre él recaen muchos indicios de aprovechamiento ilegal del cargo, que deberán ser probados por la Fiscalía y determinados por los jueces. Hay contralores auxiliares de la línea de mando también detenidos. La Asamblea de Antioquia, cuya gran mayoría de diputados apoyó a Zuluaga Peña en 2016, no sabe cómo proceder para elegir cabeza del ente de control para estos escasos cuatro meses que restan del período.
El gobernador Luis Pérez pidió formalmente a la Contraloría General de la República asumir el control preferente y esta entidad, en menos de 48 horas, despachó la solicitud con una negativa: no tiene facultades legales para hacerlo.
El control fiscal en Antioquia está “desaparecido en combate”. No en un combate por la transparencia, precisamente. Y sin posibilidades próximas de reaparecer. Y aunque tradicionalmente ese ente de control haya estado dominado por los gobernadores de turno y sujeto a sus intereses, la ausencia de control fiscal es una noticia nefasta para la sociedad. Deja en evidencia que el ejercicio del poder -el departamental, el de los municipios- es incontrolable y por ende no sujeto a responsabilidades, precisamente en épocas donde hay que extremar el seguimiento y la supervisión. Para que se entienda: no hay guardián en la heredad.