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Se metió en terreno pantanoso y desbarró de forma flagrante el expresidente Juan Manuel Santos al decirle al exjefe guerrillero de las Farc, alias “Timochenko”, que si en efecto hubieran ordenado y ejecutado un atentado contra él en su época de presidente de la República, tal atentado no habría sido “antiético”.
Por mostrarse artificiosamente comprensivo y benevolente con el exjefe de una agrupación bajo cuyo mando se cometieron actos de barbarie, terrorismo y toda clase de acciones criminales, el expresidente y Premio Nobel de la Paz 2016 trastocó gravemente conceptos de ética, política y derecho internacional humanitario y emitió un mensaje muy equivocado.
Si partimos de la base, para este caso en particular, de que decir que ese atentado no es antiético es lo mismo que decir que es ético, la pregunta es: ¿es ético atentar contra la vida de un jefe de Estado elegido democráticamente bajo las reglas de un Estado de Derecho? No, bajo ningún punto de vista.
Independientemente de simpatías políticas, que no tienen nada qué ver para un análisis de esta naturaleza, en 2011 -año en que alias “Timochenko” dice que iba a ser la acción terrorista- Santos Calderón era el presidente legítimo de la República. Llegó al cargo en segunda vuelta por votación mayoritaria. Representaba la legitimidad de las instituciones, la legalidad del ejercicio de la primera magistratura de la nación. Quienes intentaron -supuestamente- ejecutar un atentado en su contra, con el presumible objetivo de matarlo, no representaban ninguna legitimidad, su accionar era netamente ilegal, terrorista y no se ceñía a respeto alguno por ningún instrumento jurídico internacional, así pocos años después una estrategia muy planificada y -para esa organización guerrillera- exitosa, la encumbrara como “alta parte contratante” equiparable al Estado colombiano.
Así que ni legalmente admisible ni éticamente permitida. Decir lo contrario es naturalizar y darle barniz de normalidad a la eliminación física del enemigo político o del adversario por parte de organizaciones criminales. El Ejército de Liberación Nacional, guerrilla siempre presta a activar bombas, a apretar gatillos y a asesinar, no mirará con disgusto esta especie de patente de corso para proceder contra quienes considera “eliminables” por oponerse a sus objetivos criminales.
Aparte de esta equivocación lamentable, también incurre el expresidente Santos en el despropósito de intentar erigirse en guía y tutor del actual presidente en lo que tiene que ver con la política de paz. Santos podrá defender como bien lo considere lo que fue su plan de paz y sus ejecutorias. Pero quien gobierna ahora es alguien a quien millones de votantes le confirieron un mandato en el que la propuesta central no era precisamente ceñirse al mismo guion de Juan Manuel Santos.
Aparte de la inevitable vanidad expresidencial herida -“el presidente no menciona mi nombre”- no se debe olvidar que el anterior presidente aprobó toda clase de compromisos y obligaciones a cargo del Estado y a favor de su contraparte negociadora de La Habana, sabiendo precisamente que no era su gobierno el que tendría que darles ejecución, sino que sería el siguiente, que no encontró recursos disponibles para atender la magnitud de lo convenido. A uno le quedó la cómoda facilidad de un discurso que suena bien en muchos auditorios, y al otro le quedó la responsabilidad de administrar escasez en medio de una población mayoritaria que, sin haber delinquido en su vida, demanda con justicia que el Estado les cumpla con los fines que le son propios