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Con la radicación ayer del proyecto “Ley de Solidaridad Sostenible”, comienza el proceso que se debe surtir hasta que se obtenga la aprobación final en el Congreso de esa crucial reforma tributaria. Anteriormente, desde que el ministro divulgó sus principales ejes hasta el proyecto radicado, se debatió cuál debía ser su contenido. En el debate participaron los partidos políticos, sindicatos, analistas, personalidades y gremios. Casi todos cuestionándolo, algunos con vehemencia.
El gobierno quiso mostrar la gravedad de la situación fiscal, pero a veces pareciera que, por lo que se escuchó en la discusión, ese mensaje no llegó y no se tuvo conciencia de la necesidad de que todos pongamos. Se quisieran oír más salidas propositivas como las de la ANDI, reconociendo la compleja situación fiscal y proponiendo alternativas.
En marcado contraste, esas primeras ideas fueron bien recibidas por los técnicos. El director de Fedesarrollo dijo en EL COLOMBIANO “La propuesta de reforma tributaria en términos generales está muy alineada con la planteada desde Fedesarrollo. Me refiero a nuestra propuesta de reforma integral, donde hay un capítulo tributario que coincide en muchos puntos con esta versión preliminar”.
El proyecto que se radicó ayer acopia algunas sugerencias, aquellas con buenos argumentos y una base técnica, que mejoran las propuestas originales. Se mantienen los ejes principales que se habían conocido anteriormente: la intención de mantener en forma permanente el programa de ingreso solidario (PIS), la corrección de algunas fallas estructurales del estatuto tributario actual como las relacionadas con las exenciones del IVA y la gravación de las pensiones desde cierto nivel (superiores a $7,2 millones de pesos).
Hay un énfasis en la gradualidad de la ampliación de la base tributaria. En una transición que durará tres años, en 2022 solo pagarán renta los asalariados que tengan un ingreso superior a los $50 millones anuales, para el año siguiente entrarán a hacerlo los que reciban más de $35 millones y en el año siguiente los que tengan un ingreso de más de $30 millones.
En el proyecto que se discutirá en el Congreso se estima que esperan recaudar $23,4 billones, equivalentes al 2 % del PIB. Las personas naturales aportan el 72 % y las jurídicas el 15,8 % ($17,4 billones). No hay que olvidar que si bien lo que se decida sobre el impuesto a la renta entra a regir el año entrante, las normas sobre el impuesto a las ventas o cualquier otro impuesto de aplicación instantánea, entran a tener vigencia instantánea.
Aparecen temas fundamentales. Muy importante, por ejemplo, actualizar la regla fiscal a las actuales condiciones, y fortalecerla como institución. Es una reconstrucción de los daños que dejó la pandemia. Tener una sólida regla fiscal es una señal de fortaleza institucional y buen manejo de las finanzas estatales, que es bien recibida por los mercados.
Una vez puestas las cartas sobre la mesa por parte del Gobierno, la pregunta que queda es la que se hace la OCDE: si bien la reforma es urgente, hay dudas sobre la viabilidad de que el proyecto de ley pueda tener un trámite sin tropiezos en el Congreso. A un año largo de las elecciones, el país entra en una dinámica que dificulta ese tipo de debates. Ojalá el Congreso sea consciente de las dificultades fiscales y de lo que se nos viene pierna arriba si no saca adelante la mejor versión de la Ley de Solidaridad Sostenible