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El reporte de auditoría electoral que difundió el la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las recientes elecciones en Bolivia fue contundente. Y, a la larga, fue lo que desencadenó los hechos del pasado domingo, que terminaron con Evo Morales fuera de la Presidencia. Los expertos de la OEA encontraron evidencia de listas de conteo falsas y de manipulación en el software que se usaba para transmitir los resultados, todo para favorecer el presidente candidato. El reporte confirmaba lo que muchos sospechaban que había pasado el 20 de octubre, día de las elecciones de primera vuelta, cuando luego de varias horas y un extraño apagón informativo, Evo apareció sorpresivamente victorioso y con el número de votos que le ahorraba la segunda vuelta.
Desde ese momento Morales no hizo sino perder apoyos políticos, hasta que la situación llegó a ser insostenible en un ambiente de confrontación cada vez más violenta entre sus partidarios y opositores. Cuando la OEA confirmó la validez de la acusación de fraude electoral quiso salir del embrollo con un anuncio de nuevas elecciones que no fue bien recibido y se vio acorralado hasta verse obligado a dimitir.
Una vez más Evo quiso permanecer en el poder a como diera lugar haciéndole trampas a democracia, negando la alternancia como como cuando ignoró los resultados del referéndum de 2016 que llamó el propio gobierno para eliminar el límite constitucional de dos mandatos. El pueblo votó no, pero Evo siguió adelante con su propósito hasta completar hoy más de quince años en la presidencia.
Todo al más puro estilo de Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua, que se niegan a dejar el poder porque “el pueblo no podría vivir sin ellos”, y acuden a todas las argucias posibles para mantenerse, y en algunos casos a la fuerza con las armas gubernamentales. Este último no fue el caso de Evo, pues en su caída fueron determinantes el pronunciamiento de la Policía y, posteriormente, del Ejército.
La dimisión de Evo Morales, de su vicepresidente y de la presidenta del Senado, generó un vacío de poder, en un momento de mucha tensión. Los partidarios de Evo, ya sin éste en el país, continúan en las calles y no han aceptado la solución que adoptó una parte del parlamento, de elegir para llenar ese vacío a una mandataria en interinidad, la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez.
Lo que viene es un proceso de negociación política que debe tener como objetivo unir a un país que quedo profundamente dividido después de este episodio lamentable. Las diferencias entre la Bolivia indígena que apoya a Evo y la otra, urbana y empresarial, se agudizaron, y la presidenta entrante deberá buscar con ahínco la conciliación. La convocatoria a nuevas elecciones es un paso necesario e inaplazable en esa dirección, así como la llegada de un representante de la ONU para ayudar a solucionar el conflicto.
No hay que olvidar que Evo se convirtió en un dirigente antidemocrático apegado al poder, luego de ser el primer indígena y líder popular en llegar a la presidencia de Bolivia. Seguirá siendo influyente desde el exilio, pues conserva una base política importante que favoreció y cultivó cuidadosamente. Quienes llegan a dirigir los destinos de Bolivia no pueden ignorar esa realidad y deben continuar con el proceso de inclusión social para que no se cumpla la amenaza de Evo, de volver con más fuerza y energía.
Cabe esperar, por el bien de Bolivia, que la salida definitiva a la crisis se dé por los canales de la democracia y se respeten los mecanismos previstos en la Constitución para la alternancia en el poder.