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Bolivia, un país que siguió el camino que quiere andar el gobierno del presidente Gustavo Petro, está pagando las consecuencias de ese error. Venía de una economía próspera a comienzos de este siglo, gracias a las mayores exportaciones de gas natural y a los buenos precios internacionales de los que se benefició el gobierno del presidente de izquierda Evo Morales cuando asumió el poder en 2006, y ahora afronta una difícil situación económica que se ha visto reflejada en una gran escasez de dólares.
Muchos analistas están advirtiendo sobre los graves peligros de su economía y hasta The Economist le dedicó un amplio informe en el que señala que está al borde de una crisis, producto de un modelo estatista, puesto en marcha hace casi dos décadas, y de las malas decisiones. Para la revista británica, el costo del populismo ha sido muy alto y es una lección para las naciones latinoamericanas que quieren seguir por este mismo camino.
Si bien, ese país no ha sido ajeno a los vaivenes internacionales por las altas tasas de interés, la guerra de Ucrania, que encareció las importaciones de los combustibles y la devaluación de su moneda, Bolivia tomó medidas que agravaron sus problemas. En lugar de usar adecuadamente los recursos de las mayores ventas de gas, el gobierno de izquierda se dedicó a gastar más, a invertir en empresas estatales ineficientes y desincentivar la exploración en el sector que más ingresos le generaba.
Por no hablar de que, hace apenas unos días, completó el proceso de estatizar las pensiones. Cualquier parecido con la realidad colombiana es mera coincidencia.
Durante el gobierno de Evo Morales, del 2006 al 2019, una de las primeras decisiones fue nacionalizar el petróleo y el gas para destinar mayores recursos a los programas sociales. Pero hoy esa decisión le está pasando factura a Bolivia, que pasó a importar más hidrocarburos de los que exporta, lo que provocó desabastecimiento de divisas, una caída en las reservas internacionales y que el banco central tenga que salir a vender dólares directamente al público.
A ello se suma la caída del 30% en la producción de gas por falta de proyectos de exploración, en un país que no es atractivo para la inversión de compañías extranjeras. Hoy se han dado cuenta de este error y están buscando la manera de incentivar nuevamente la exploración.
Lo que pasa en Bolivia y lo que ha vivido Venezuela, cuyo manejo petrolero ha sido un desastre, es un ejemplo más para Colombia. Sin embargo, hay que decir que a pesar de que el presidente Gustavo Petro y su ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, insisten en desestimular la exploración de petróleo y gas, otros funcionarios del gobierno más sensatos consideran que Colombia no puede dejar a un lado uno de los sectores que representa más del 40% de las exportaciones y aporta millonarias regalías a las regiones productoras.
La ministra de Agricultura, Cecilia Vélez, alzó la voz en el foro “Perspectivas Económicas 2023”, convocado por EL COLOMBIANO, al señalar que “le enfurece” que Colombia, así como muchos países en vías de desarrollo, “adoptemos los discursos de los países ricos”, que le exigen a los demás lo que ellos no hacen, en clara referencia al tema petrolero.
A esta posición se suman las voces del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y del director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, quien no es precisamente un neoliberal sino un keynesiano partidario de una mayor participación del Estado. En un foro reciente dijo que hay que incentivar la producción de petróleo para pasar de más de 700.000 barriles diarios a 900.000.
Mientras seguimos en este debate, en la vida práctica, se conocieron varias malas noticias referentes al tema: una, la decisión de la petrolera Emeral Energy de salir del Caquetá y terminar sus operaciones en este departamento, donde fue objeto de una toma de comunidades que terminó en el secuestro de 78 policías y el asesinato de un uniformado y un miembro de la comunidad. La segunda, la multinacional ExxonMobil anunció que se retirará de la operación de un bloque petrolero y de un contrato firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por la incertidumbre en los yacimientos no convencionales. Y además, volvieron a registrarse atentados a la infraestructura energética contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, que registra su noveno ataque este año.
Ojalá el gobierno entre en razón y vea que la mejor manera de contribuir al medio ambiente es frenar la deforestación, poner en marcha acciones para disminuir las emisiones contaminantes de buses y transporte de carga pesada, en lugar de seguir el mismo camino de Bolivia, que se pegó un tiro en el pie y ahora no sabe cómo arreglar el problema. Por supuesto que no es solo el sector de hidrocarburos el que preocupa, es necesario y urgente que el gobierno dé más señales de que apoya la inversión privada. .