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Finalmente, después de muchos intentos, el proyecto que se ha denominado “Borrón y cuenta nueva”, se abrió paso en el Congreso, e incluso ahora cuenta con el apoyo condicionado del Gobierno. El cambio de opinión tiene una explicación: la pandemia llevó a que los colombianos se concentraran en proteger su salud y bienestar físico, pero medró su estabilidad financiera y el bienestar económico. La pérdida de ingreso de miles de negocios y empresas, con su efecto sobre el empleo y los hogares, dejará a muchos sin la posibilidad de pagar sus deudas. Nada más popular que borrar esa información y supuestamente ayudar a mantener un historial crediticio limpio para los potenciales clientes de los bancos, aunque también de otros negocios que utilizan esa información.
El problema es que la iniciativa puede tener efectos contraproducentes. El proyecto había sido cuestionado por académicos, ya que llevaría a las entidades financieras a restringir su oferta de crédito. Para los prestamistas, ya sean bancos u otro tipo de agentes económicos, es difícil obtener la información para evaluar la capacidad de pago de sus clientes potenciales. Existe un problema de información asimétrica, cuando el interesado en el préstamo es el único que conoce realmente su situación financiera. Esa es la razón de la existencia de las centrales de riesgo que recogen esa información para que pueda ser consultada. El problema de información es más complicado en un país como Colombia, donde la mitad de la población trabaja en el sector informal, en su propia empresa, o explotación agrícola, gerenciando pequeños negocios o trabajando como prestadores de servicios.
Sin información confiable de la historia crediticia, aumenta la probabilidad de que el crédito no se otorgue o sea muy costoso por el aumento en el riesgo. Puede estimular el nefasto “gota a gota”. Es una pésima noticia para la economía en este momento cuando la mayoría de los agentes requiere endeudarse para sobrellevar la situación. Si no hay crédito, se amplifica la desaceleración de la actividad y se aleja la recuperación. Tampoco es una buena señal cambiar las reglas del juego en medio de la crisis. Ya hay una gran presión sobre el sistema financiero como para agregar otro factor. Es cuestión de tiempo ver las bancarrotas y el incumplimiento en el pago de obligaciones, como consecuencia de la detención súbita de la economía desde finales de marzo, que para algunos sectores económicos puede extenderse por unos meses más.
En medio de un panorama complejo, desvirtuar la importancia de información crediticia y disminuir su confiabilidad, dificulta la toma de decisiones. De otro lado, hay un argumento de educación financiera. Hay que fortalecer la idea de que los colombianos cuiden su historial crediticio. Para lograrlo, el camino es el de cumplir las obligaciones y no pretender que se olviden. No se debe alimentar la cultura del no pago, porque al final lo que genera es escasez de crédito o su encarecimiento.
Lo decía el Informe de Sostenibilidad Financiera del Banco de la República en días pasados. Colombia ha hecho un esfuerzo por fortalecer su sistema financiero, y eso es un activo muy valioso que se debe preservar, pues garantiza el ahorro y que el crédito se irrigue a la economía. Impedir que el sistema financiero pueda contar con información confiable para llevar a cabo su tarea no contribuye a que cumpla con su rol de intermediar y financiar el desarrollo económico.