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Editorial

Catatumbo, en su mala hora

Los grupos armados ilegales coparon el espacio dejado por las Farc y ejercen hoy una violencia desbordada contra la población civil: muertes violentas se duplicaron y los líderes están en la mira.
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ilustración morphart Publicado el 09 de agosto de 2019

Es una realidad que la región del Catatumbo, en Norte de Santander, afronta hoy uno de los períodos más oscuros de su historia. En esa subregión del nororiente del país, donde habitan cerca de 300 mil personas, los grupos armados ilegales han impuesto los últimos cinco años un régimen de terror, recrudecido ahora por la guerra entre el Eln y el Epl (‘Pelusos’), además de la presión de las disidencias de las Farc.

De igual manera, preocupa que, según confirmación de la Policía Nacional a este diario, en la zona hay gran influjo de los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, lo cual acentúa un ambiente de ilegalidad y criminalidad que golpea con crudeza a la población civil.

Es en ese polvorín en el cual se escenifican gravísimas violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH): alrededor de 40.000 personas se han desplazado de manera forzosa durante los últimos dos años y los homicidios pasaron de 112, en 2015, a 231, en 2018.

Un informe publicado ayer por la ONG Human Rights Watch, con base en entrevistas a más de 80 personas de la región, ratifica los reclutamientos forzados para los grupos ilegales, la violencia sexual contra mujeres, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones. La economía de la región está copada por los cultivos ilícitos y el narcotráfico, y los proyectos e inversiones oficiales están alterados por el conflicto o no existen.

La labor de los líderes sociales sufre la amenaza permanente de las bandas. Desde 2017, son nueve los defensores de derechos humanos asesinados y su tarea es casi imposible en medio de una hostilidad agudizada que anula sus garantías de seguridad.

Un capítulo aparte lo constituyen los cerca de 25.000 migrantes venezolanos radicados allí: a los hombres se les recluta en las faenas de recolección de coca y a las mujeres se les involucra en la prostitución. Son “censados” y controlados por los actores armados ilegales y, en un alto porcentaje, su trabajo es remunerado solo con comida, lo cual denigra su situación casi a la de una esclavitud velada.

Hay cuestionamientos del citado informe al papel cumplido por la Policía y la Fiscalía, dado que su tarea es limitada tanto por su número de efectivos como por las condiciones mismas del conflicto. Eso hace que los pobladores del Catatumbo sientan que carecen de la administración y la aplicación de justicia.

Hay casos permanentes de retención de personas por parte de comandos irregulares, que exigen explicaciones sobre las actividades y la presencia de los civiles, además de exigirles callar ante las constantes violaciones de derechos humanos.

Hace apenas dos semanas, EL COLOMBIANO publicó una serie de informes sobre la situación de municipios como Convención, El Carmen y Hacarí, con gran potencial humano, agrícola y turístico, que viven en medio de la amenaza de enfrentamientos y la detonación de explosivos, indiscriminada y a veces con graves daños ambientales. El acoso en sus veredas es diario y la paz es una meta lejana.

Estas denuncias recientes se refieren al Catatumbo como un “paraíso de ilegalidad” y a una zona, “sin Dios ni Ley”, que casi pareciera no hacer parte de la nación.

El Estado colombiano debe redoblar esfuerzos y presencia para asumir el control de un territorio, fronterizo y estratégico, donde la gente está cansada de sufrir atropellos.

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