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La permanencia del conflicto armado, las disputas territoriales entre disidentes, insurgentes y grupos de ascendencia mafiosa y el no copamiento, con seguridad y programas sociales, por parte del Estado, de amplias franjas de la Colombia profunda en las que se enquistaron las Farc, devuelve a la vida nacional las imágenes de cientos de colombianos que huyen de sus tierras para salvar sus vidas. Un problema que se creía en franca disminución.
Esta cruda realidad, que en el país parece convertirse en asunto “corriente”, hace parte esencial de la agenda de las Naciones Unidas (ONU) la cual en su informe anual sobre desplazamientos internos en el mundo, pidió a los países mostrar voluntad política y asignar responsabilidades para cuantificar, monitorear y enfrentar el problema.
Con un acumulado en cuatro años de 7´816.500 desplazados internos, Colombia mantiene el récord mundial de esta catástrofe humanitaria. Le sigue Siria (6´182.900 errantes internos), impactada por una guerra civil, fratricida, que no respeta los mínimos de los D.H., y el DIH, y con intervención directa de algunas de las más poderosas potencias militares del globo.
En desplazamientos internos y externos Siria lidera la tragedia con 13 millones de trashumantes forzosos, seguida por Colombia, con 8 millones.
En este duelo de miserias, abandono o falta de control estatal se filan, detrás de Colombia y Siria, la República Democrática del Congo, Somalia, Etiopía, Nigeria y Yemen, donde las disputas políticas, las confrontaciones tribales, religiosas y étnicas, arrasan con la vida humana y sus entornos naturales. Nada escapa cuando se trata de imponer ambiciones personales, la ignorancia y lo peor de la miseria de los pueblos.
El desplazamiento interno refleja la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad física, el bienestar y la prosperidad de las comunidades más vulnerables y aisladas del territorio.
De hecho, el mayor número de expulsados se registra en escenarios en los que las Farc se asentaron por más de medio siglo: zonas fronterizas con Venezuela, Ecuador y Panamá, en los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Chocó; Cauca, Norte y Bajo Cauca antioqueños.
En 2018 el informe de ONU registra 118.100 víctimas en Colombia. En 2019, según la Defensoría del Pueblo, los desplazamientos masivos (10 o más familias, 50 personas) suman 35 casos y 8.223 víctimas.
El Estado debe honrar los acuerdos de La Habana y asumir su responsabilidad en la inserción de estas regiones a la institucionalidad, con presencia policial, justicia, educación, salud, servicios, infraestructura y proyectos de desarrollo sostenible.
Toda región en la que el Estado despliega su atención envolvente fortalece la cohesión ciudadana, desestimula o elimina la presencia de la criminalidad.
Colombia, atendiendo las demandas de la ONU, debe convertir el fenómeno del desplazamiento interno en una parte integral de su agenda nacional, incluirlo en el plan nacional de desarrollo, sus metas del milenio, las estrategias de reducción de la pobreza, los programas de inversión sectorial y darle la atención que se merece para pasar de la reacción a la acción anticipada, y de la respuesta fragmentada a la prevención y la inversión en crecimiento sostenible y medible en periferias todavía teatros del destierro.