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Hace 25 años, en marzo de 1994, se firmó en México la Declaración de Chapultepec sobre la Libertad de Expresión. Fundamentándose, entre otros postulados, en que “la práctica democrática debe reflejarse en instituciones modernas, representativas y respetuosas de los ciudadanos; pero debe presidir también la vida cotidiana”, enuncia a continuación unos principios irrenunciables que parten de un tronco que tantas veces ha querido ser derribado, y de allí que los Estados y Gobiernos firmantes declaren: “apoyamos abiertamente su manifestación más directa y vigorosa, aquella sin la cual el ejercicio democrático no puede existir ni reproducirse: la libertad de expresión y de prensa por cualquier medio de comunicación”.
La Declaración de Chapultepec enuncia diez principios concretos que no son solo manifestación de lo que debe garantizarse en una democracia, sino que se constituyen en pauta de conducta para los gobernantes. De allí que se diga que “No debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación”.
Pues bien, durante la reciente Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se realizó el pasado fin de semana en Cartagena, el presidente Iván Duque, obrando como Jefe de Estado y asumiendo con su firma el compromiso de todas las autoridades, suscribió esa Declaración de Chapultepec. Y declaró expresamente que “firmar la Declaración no es un acto protocolario, ni siquiera un ritual. Es estampar mis convicciones, mi compromiso, con la defensa de la justicia, de la legalidad y de los derechos humanos”.
Valga decir que lo dicho en este instrumento no es solo un reconocimiento y apoyo al ejercicio del periodismo libre, sino que es una defensa de las libertades ciudadanas, de todos. Su vigencia deberá estar amparada por el conocimiento que de ella tengan los profesionales del periodismo, pero también de las instituciones del Estado y sus líderes y de todos los ciudadanos partícipes del libre ejercicio del debate democrático, la expresión de ideas y la producción y circulación de creaciones intelectuales.
Hay países en América Latina, y lo recordó de nuevo la SIP, donde esos derechos y esas libertades inherentes al ser humano llevan décadas sin poder ejercerse, como Cuba, donde la libertad del pensamiento y de expresión se castigan con cárcel. Otros países donde han perdido la posibilidad de exigir esos derechos, como en Venezuela o Nicaragua. Y otros donde, existiendo formalmente en las constituciones y las leyes, afrontan amenazas diarias por parte de agentes de violencia y en varios casos también estatales, como en México, Colombia o muchos países centroamericanos.
Otro hecho que queremos resaltar es el cumplimiento, por parte del Estado colombiano, en cabeza de altos funcionarios del Gobierno, de la ceremonia pública de reconocimiento de responsabilidad internacional y de petición de perdón a la familia del periodista huilense Nelson Carvajal, asesinado en 1998, cuyo crimen sigue en la impunidad. El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2018 por ausencia de justicia en este caso, y seguramente lo será en otros más en los que la impunidad sigue siendo la marca de vergüenza para un sistema judicial que no investiga ni sanciona a los responsables de crímenes contra periodistas.