Editorial

Chocó, intimidado

Una decena de comunidades del medio y bajo Atrato sufre el acoso del Eln y el Clan del Golfo. Los niños llevan la peor parte, sin atención médica ni alimento. Crisis humanitaria que exige atención.
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ilustración esteban parís Publicado el 17 de marzo de 2019

Los afluentes del Río Atrato, en su zona media y baja, de Vigía del Fuerte a Riosucio, afrontan una grave crisis humanitaria debido a la presencia e intimidación del Eln y del llamado Clan del Golfo. No se puede estar de espaldas a la dureza de los efectos de ese confinamiento (hambruna, enfermedad, deserción escolar, desabastecimiento, ejecuciones extrajudiciales) ni al hecho mismo de que haya territorios del país en manos de armados ilegales.

Se trata de más de 4.000 personas, en especial comunidades indígenas y afros, que habitan en las cuencas Cacarica, Salaquí, Truandó, Domingodó y Opogadó, en donde guerrilleros y narcoparamilitares mantienen la disputa por la minería ilegal y los cultivos ilícitos. Una confrontación agudizada hace más de tres meses, frente a la cual aún no hay una respuesta contundente de las Fuerzas Armadas.

Los líderes indígenas debieron viajar a Bogotá para denunciar ante organismos de derechos humanos, medios de comunicación y Gobierno Nacional una situación que se había recrudecido desde mediados de enero. El detonante mayor fue la muerte de niños por hambre y enfermedad.

En noviembre de 2018, las comunidades nativas del Atrato y sus afluentes, pero también las del Baudó, insistieron en el peligro de los campos minados y de los combates en áreas cercanas a los caseríos. La ola de desplazados crece en Riosucio, Vigía del Fuerte e incluso Quibdó, en especial porque el cerco del Eln y del Clan del Golfo limita las faenas de agricultura, pesca y cacería.

La fotografía tiene bastante parecido a la de 1997-2003, cuando la guerra entre las Farc y los bloques de autodefensas Élmer Cárdenas y Campesinas de Córdoba y Urabá obligó el destierro en zonas rurales del municipio de Riosucio, y la generación de campamentos de desplazados en Pavarandó (Mutatá) y el Coliseo de Turbo.

Para el departamento de Chocó, el aumento de esta emergencia significa un retroceso en términos humanitarios y de normalización de la vida comunitaria. Hoy, el mayor temor de los líderes, y de las familias desplazadas o confinadas, es que se pueda desatar un combate con la población civil en medio del fuego cruzado, como ocurrió en la Iglesia de Bojayá (02/05/2002).

Por eso no se pueden soslayar las implicaciones y efectos que ya trae este nuevo escenario del conflicto armado colombiano. El viernes autoridades civiles, militares y de policía hicieron un consejo de seguridad en Riosucio, pero los recursos son limitados y la escala de la crisis desatada exige respuesta y presencia del Gobierno Nacional.

Chocó no puede continuar en manos de la ilegalidad y encerrado no solo por los grupos armados irregulares sino por el círculo vicioso de su pobreza y abandono. Sufriendo, por ejemplo, racionamientos de agua o carente de acueductos en una de las zonas de más alta pluviosidad del mundo, bañada por decenas de ríos y rodeada por la selva del Darién. No puede ser más un corredor estratégico del contrabando de armas y drogas.

Es el momento para que el presidente Iván Duque se ponga al frente de una situación que demanda la acción gubernamental en todas las perspectivas: militar, policial, humanitaria, social y económica.

Chocó, en sus inmensas riquezas naturales y atributos biogeográficos, no puede continuar ahogado por el ruido y la violencia de los fusiles ilegales ni tomado por la corrupción y el desgobierno notorios en sus pueblos tan atrasados.

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