Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
Tras cuatro meses de opacas negociaciones, Pedro Sánchez ha sido investido por tercera vez como presidente de España, dando prueba una vez más de su capacidad de resistencia a cuanto embate político se le presente. Sin importar el ruido, las manifestaciones en contra, las protestas pacíficas y las más revoltosas, consiguió una mayoría más amplia que en ocasiones anteriores a costa de lo que promete ser una legislatura inestable y cargada de tensiones por todos los pactos y acuerdos arriesgados que tuvo que hacer. El centro de la discordia, lo que tiene al país totalmente dividido, es una ley de amnistía que les ofreció a los independentistas catalanes, una especie de borrón y cuenta nueva, que para muchos es un precio a pagar demasiado alto. Lo que para Sánchez es reconocer la plurinacionalidad española, para los partidos de derecha, y para muchos viejos líderes de su propio partido es vender la patria para sostenerse en el poder.
El actual presidente está metido en política desde los 21 años, cuando se convirtió en militante raso del Partido Socialista Obrero español (PSOE), fue concejal y luego diputado en el Congreso. Y a lo largo de estos años ha hecho gala de una habilidad innegable para navegar en aguas revueltas. Ganó las primarias de su partido en contra del propio aparato del PSOE, logró una moción de censura contra el entonces presidente Mariano Rajoy (PP), en mayo de 2018, y desde ese momento ha estado al frente del gobierno de España. Sánchez se ha convertido en uno de los presidentes más veteranos de Europa, superviviente de la pandemia, la inflación y la ultraderecha. Su arrojo y perseverancia lo han llevado hasta este punto, pero el panorama inestable que ha creado y los enemigos que se ha granjeado en el camino no son pocos. Además, llega bastante desgastado a empezar este nuevo periodo, tras las duras y polémicas negociaciones que ha hecho.
Para lograr ser presidente tuvo que buscar el apoyo de partidos rivales. Con Sumar, la agrupación de movimientos de izquierda creada este año por su vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz, pactó acuerdos en materia laboral y salarial, como la reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales a 37,5. Con los nacionalistas gallegos, canarios y vascos se comprometió a la ampliación de derechos laborales, la condonación de deuda, el traspaso de competencias y la ampliación de recursos. Y ahora le ha surgido otro aliado exigente que no quiere que lo dejen fuera del juego y es el partido Podemos, que a punto de perder a la última ministra que le quedaba en el gobierno presiona a fondo. Pero los más complicados y que más polémicas han causado son los acuerdos firmados con dos partidos catalanes independentistas: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya. Con el primero pactó la condonación de 15.000 millones de dólares correspondientes a deuda del gobierno catalán. Y con los segundos una ley de amnistía que beneficia a cientos de condenados por el proceso independentista catalán, que culminó en 2017 con una declaración de independencia unilateral ilegal. El tema del independentismo catalán es un asunto que viene y va por oleadas, y desde hace más de diez años ha vuelto a estar presente en la agenda de los gobernantes y en el parecer de los ciudadanos. Todo el mundo tiene una posición al respecto y por supuesto los puntos de vista generan desencuentros. Los ánimos nacionales quedaron muy tocados después de que en octubre de 2017 se celebrara un referendo de autodeterminación ilegal en una jornada violenta con la intervención de fuerzas de seguridad del Estado. El gobierno catalán de ese entonces, encabezado por el expresidente Carles Puigdemont, consideró los resultados legítimos y declaró de modo unilateral la independencia de Cataluña. Decenas de líderes políticos fueron condenados y Puigdemont, en un acto por muchos calificado como de cobardía, huyó a Bruselas en la bodega de un carro para evitar ser enviado a prisión. La amnistía elimina el delito de raíz y se calcula que puede beneficiar en torno a unas 400 personas entre políticos, líderes catalanes, líderes sociales, ciudadanos y policías. Y Puigdemont logra regresar al país con tanto poder que se dice con sorna que será realmente el que maneje el gobierno nacional. Comienza ahora el largo camino de aprobación de la ley, que probablemente vea la luz en los próximos meses.
Para cientos de miles de españoles que vivieron con estupor los sucesos del 2017 esta propuesta rompe con el principio de separación de poderes del Estado de Derecho, al anular el poder legislativo resoluciones adoptadas por el poder judicial. Pero por encima de todo se sienten dolidos por lo que consideran un traición de sus dirigentes. La misma sociedad catalana está dividida entre quienes quieren permanecer como españoles y aquellos que se sienten que no hacen parte de este país. Pedro Sánchez tendrá que hacer malabares para mantener el apoyo de todas las partes y acallar el clamor de las calles. Los años que vienen van a exigirle un uso constante de habilidades negociadoras y dotes para el choque dialéctico. La pregunta que resuena en el ambiente es ¿cuánto tiempo resistirá un gobierno con apoyo atomizado y condicionado? .