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Pronto comenzarán las discusiones en la mesa de concertación laboral que define el aumento en el salario mínimo para más de tres millones de trabajadores colombianos. Pero por los anuncios que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro esto no pasará de ser una puesta en escena.
El Presidente ya sugirió que el incremento debe ser “muy generoso”, anticipando un alza entre el 10% y el 11%. La declaración encendió las alarmas entre los empresarios, quienes enfrentan el impacto de la reforma laboral en el pago de la nómina y la incertidumbre por nuevos posibles impuestos derivados de la reforma tributaria que cursa en el Congreso. Fenalco, por primera vez en la historia, decidió no participar en la mesa, porque la considera una farsa. No le falta razón: si Petro ya tiene un incremento en su cabeza, la mesa de concertación pierde su esencia porque no habrá diálogo ni concertación, sino una imposición.
La Andi, que en años anteriores ha intentado mantener un delicado equilibrio entre el criterio técnico y la prudencia política, enfrenta una encrucijada. Los ataques del Gobierno al empresariado han deteriorado la confianza mutua, y el temor entre los gremios es que el nuevo incremento sea otra medida de corte populista, pensada más para ganar adeptos que para garantizar sostenibilidad económica.
El antecedente no es alentador. En 2023 el salario mínimo subió 16% –los empresarios se dispusieron a aceptar lo que propusiera el gobierno Petro que recién estaba arrancando–; en 2024, 12%; y en 2025, 9,5%, aunque con el subsidio de transporte el alza total fue del 11%. En ninguno de estos dos últimos años hubo concertación: el aumento lo fijó el Presidente por decreto. Todo indica que en 2026 se repetirá la historia. Si se aplica un incremento del 11%, el salario mínimo pasaría de $1.423.500 a unos $1.580.000, más un subsidio de transporte de $222.000, para un total cercano a $1.800.000.
Un aumento así puede sonar atractivo en el papel, pero debe medirse con responsabilidad macroeconómica. El Banco de la República mantiene una postura prudente: las tasas de interés continúan en 9,25% y las expectativas de inflación rondan el 5%, todavía por encima de la meta del 3%. Un aumento elevado en el mínimo tiene gran impacto en todos los precios y afecta de manera directa no solo la nómina de las empresas sino las administraciones de todos los conjuntos y el precio de la vivienda VIS y prioritaria para las personas de menores recursos.
Petro ha solido insistir que no es así. Pero la evidencia es clara: seguimos con inflación por encima del 5%, y esta a su vez no permite bajar las tasas de interés para que se mueva mejor el engranaje de la economía.
En materia económica, se espera que este año el crecimiento sea del 2,7%, una cifra que sigue siendo mediocre para un país que debería estar creciendo a tasas superiores al 4% o 5% anual. Y en desempleo, si bien el Dane reveló que en agosto cayó a 8,6%, la tasa más baja en las últimas dos décadas, hay nubarrones que ensombrecen el panorama. Uno de ellos es que la cifra no es producto de que exista ahora más empleo formal: por el contrario, es porque más personas se cansaron de buscar trabajo y por eso ya no las cuentan entre los “desempleados”. En agosto, 422.000 personas salieron del mercado laboral, la mayoría de ellas mujeres, con lo cual la población por fuera de la fuerza de trabajo llegó a 14,6 millones de personas.
La informalidad, por su parte, continúa en un alarmante 55,7%, lo que significa que más de la mitad de los ocupados carece de protección social, seguridad pensional y estabilidad laboral.
A ello se suma la gran disparidad en la generación de empleo ya que mientras ciudades como Medellín se llevan las palmas, con una desocupación del 6,4%, la más baja a nivel nacional, Quibdó y Riohacha, las capitales de dos de los departamentos más pobres del país siguen con tasas vergonzosas de desempleo, del 24,4% y 14,2%, respectivamente.
La concertación laboral debería ser el espacio donde Gobierno, empresarios y trabajadores encuentren un punto de equilibrio entre justicia social y sostenibilidad económica.
Todavía hay tiempo. La mesa de concertación suele empezar en noviembre. Vamos a ver si una vez más el gobierno Petro insiste en ignorar las voces del sector productivo y en privilegiar el cálculo electoral sobre la sensatez económica.