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Decía el 2 de enero de 2020 el recién posesionado alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ante el Concejo de Medellín que instalaba sus sesiones ese día: “Seré garante de la independencia y la autonomía de este Concejo (....) Y pido de ustedes no otra cosa que lo que la Constitución y la ley les demanda, y es que hagan el adecuado control político. Eso es fundamental, eso no debería ser un tema para huirle. Muchas administraciones le temen al control político, yo lo celebro, y les pido de una vez a todos ustedes aquí, con todo mi gabinete presente, que sean rigurosos en el control político. Que nuestro gabinete, al mismo tiempo, estará ahí para atender todas las demandas que ustedes tienen, porque ustedes, como nosotros, representan la voz del pueblo”.
Y a renglón seguido, decía: “Doctor Alfredo Ramos, quiero decirle a usted y a toda su bancada [Centro Democrático] y a todas las bancadas, que mi respeto para usted, para todas las bancadas siempre estará presente, que estamos listos para ser auditados y controlados como debe ser y como debe ser la misión del Concejo de la ciudad”.
Trece meses después los hechos han puesto en su lugar la endeble veracidad de esas manifestaciones: el alcalde y sus voceros han reaccionado coléricos ante el legítimo ejercicio del control político de una bancada del Concejo -la misma a la cual Quintero le prometía respeto y consideración- y han cerrado filas para deslegitimar la potestad de los corporados para hacer lo que la Constitución y la ley no solo les permite sino que les encomienda especialmente.
El secretario de Gobierno del alcalde Quintero emitió una declaración esta semana (ver Contraposición) que constituye flagrante desconocimiento del papel de los concejales independientes, de la oposición y de sus garantías. Dice el Estatuto de la Oposición (ley 1909 de 2018), aplicable a los entes territoriales y municipales, que “la oposición es un derecho fundamental autónomo que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas”.
La sola amenaza de denunciar ante la Procuraduría al concejal Simón Molina, del Centro Democrático, porque este anunció la citación a un debate de moción de censura a la secretaria privada de la Alcaldía, María Camila Villamizar, es una clara violación a las garantías de la oposición. El corporado del Centro Democrático y sus colegas de bancada tienen a su alcance la acción especial que consagra el mismo Estatuto de la Oposición en su capítulo IV. Deberían ejercerla, y deberían ellos acudir también al Ministerio Público para que determine las eventuales responsabilidades disciplinarias de este funcionario del gabinete municipal que se arrogó, por sí y ante sí, la facultad de determinar la “legalidad” y “conveniencia” de un instrumento que la ley permite activar a los concejales.
La teoría política y el Diccionario de la Lengua Española definen la autocracia como “la forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley”. A 13 meses del inicio de un mandato de alcance municipal, perder el sentido de las proporciones, elevarse sobre la realidad y sobre las propias normas vigentes, creerse no interpelable y no controlable, traerá muchos problemas a quien no asume su papel, a la política y a la sociedad misma.
Hay que velar por los derechos y garantías de los concejales independientes y los de oposición. Los debates anunciados son de interés público y los funcionarios citados, como servidores públicos que son, habrán de rendir explicaciones y razón de sus actos y decisiones