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Están convocadas para mañana, por parte del movimiento del Paro Nacional, así como de las centrales sindicales, unas movilizaciones y caravanas para manifestarse contra los abusos policiales y la brutalidad en el uso de la fuerza contra los ciudadanos. Y a eso se le han unido otros motivos: exigirle al Gobierno que acoja las peticiones elevadas en las manifestaciones de finales del año pasado, y protestar por un decreto expedido en el estado de emergencia económica que los sindicatos interpretan como una reforma laboral encubierta.
El parón impuesto desde marzo a la normalidad y a la economía por la pandemia del covid, detuvo provisionalmente también ese movimiento, disperso pero con vasos comunicantes con grupos del exterior, que venía convocando paros y manifestaciones recurrentes contra el Gobierno Duque.
Dirigentes de oposición como Gustavo Petro no han cesado de animar a “tomarse las calles” incluso cuando regían medidas de confinamiento estricto tomadas por el gobierno nacional, los gobernadores y los alcaldes locales. Hace dos semanas, el expresidente Juan Manuel Santos avisó que las marchas reanudarían tan pronto terminara la cuarentena, y ha estado convocando a salir para “apoyar el acuerdo de paz” suscrito por él mismo con las Farc.
El panorama económico y social, evidentemente, es más complejo e incierto que en noviembre del año pasado. Hay un entorno de crisis derivado no de malas políticas gubernamentales ni de decisiones equivocadas, sino de un hecho mundial –el coronavirus– que tiene a casi todas las economías en estado de reconstrucción y sumidas en la incertidumbre.
Habrá sociedades que se animen a iniciar un proceso de relanzamiento de sus economías mediante el trabajo conjunto, con la cohesión de las comunidades para lograr propósitos compartidos de bienestar general. Para lograrlo es fundamental que haya liderazgos inspiradores, sólidos, que marquen la diferencia entre el estadista estratégico y visionario frente a los políticos tácticos, disociadores y empequeñecidos frente al reto de sacar un país adelante.
Otras sociedades seguramente optarán por el camino de la exigencia continua de asistencia estatal y multiplicación de las prestaciones a cargo de los gobiernos, donde las manifestaciones se vuelven un fin en sí mismas y no un medio para lograr la mejora de las políticas públicas en las que todos ponen. La movilización permanente, la “toma de las calles”, es el objetivo central, el factor de triunfo para quienes optan por liderar esta vía política.
La manifestación política es un derecho constitucional garantizado en democracia, forma de ejercer la libertad de expresión y de participación en la vida política nacional. Se podrán compartir o no los postulados de las manifestaciones convocadas, sus reivindicaciones y lemas, pero unos y otros, los que apoyan y los que no, deben respetar los derechos de los otros, de manifestarse o de abstenerse de marchar. La tolerancia y la movilización pacífica son pilares del ejercicio de esos derechos. La violencia, el vandalismo y la anarquía los anulan.
La sociedad colombiana, las comunidades, los sectores productivos, académicos, los líderes sociales y políticos, tienen también el derecho a deliberar y debatir cuáles son los objetivos que persiguen estas convocatorias a manifestaciones y paros que se incrementarán a partir de ahora.
Un mecanismo democrático como el derecho a manifestarse puede ser usado para perseguir objetivos que no lo son, como sustituir por la vía de la presión política y de desorden público un mandato conferido en las urnas por una mayoría que se contabilizó voto a voto, para ejecutar un programa político definido, y que para cambiarlo requiere otro mandato democrático en las urnas.