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La pandemia devastó la crítica situación del éxodo venezolano en el continente. Hoy el drama cobra fuerza en la frontera colombo-venezolana por el represamiento de unas 50.000 personas, muchas de ellas familias con niños, que no hallan la forma de retornar, debido a las restricciones del régimen.
El confinamiento obligatorio, más la parálisis de las actividades productivas y sociales para contener la covid-19 en Colombia, Ecuador, Perú y Chile, dejó a buena parte de los inmigrantes sin alimentos, empleo, alojamiento, servicios médicos, educación, asistencia y solidaridad social.
Colombia, el más grande receptor de esta diáspora (1,8 millones de personas), con apoyo público y privado, ha realizado esfuerzos gigantes que han favorecido, de manera directa, a unos 800.000 inmigrantes, con vivienda, empleo, servicios públicos, educación y otros beneficios legales y sociales. Sin embargo, el resto de la diáspora, sigue sin formalizarse y arreglándosela por su cuenta.
El retorno venezolano, obligado por la pandemia, se hace sin los mínimos estándares humanitarios y de restitución de derechos. La gente, sin más alternativas, vuelve a su nación con más dolor que esperanzas, debido al fracaso económico, político y social, el mayor de su historia, por la imposición del modelo Socialismo Siglo XXI, de un régimen que tiene en la represión y la persecución de sus opositores, la principal herramienta para mantenerse en el poder.
La primera oleada masiva de retorno (29.800 personas) sucedió del 15 al 18 de marzo, antes de que entrara en vigencia la decisión del gobierno colombiano de cerrar los pasos fronterizos para evitar la propagación del coronavirus.
Pero con el paso de los días, la covid-19 disparó la llegada masiva de personas a la línea fronteriza, que se represó debido a las trabas que impone el régimen y sus colectivos revolucionarios, que solo permiten, ingresar, máximo a unas 300 personas al día, bajo el argumento de que el regreso es “una estrategia para llevar la covid-19 a Venezuela”. Esto tiene al límite la atención humanitaria y hacina a los inmigrantes del lado colombiano, lo cual aumenta los riesgos por la covid-19 en Cúcuta, Arauca, La Guajira y demás pasos fronterizos.
Es obvio que Venezuela se escude en disculpas insulsas para reprimir y ocultar su incapacidad de asistir a los suyos. El régimen sale en medios dando bienvenidas, mientras que las milicias bolivarianas amenazan y se atrincheran como “escudo protector” para arrestar a aquellos que intenten penetrar por las trochas.
Pero la complejidad de la pandemia no admite discursos, sí respuestas conjuntas de Colombia y Venezuela, con acompañamiento de la comunidad internacional. Es obligación del Estado venezolano recibir a todos sus ciudadanos. Para ello debe ejecutar un plan de contingencia, que garantice que se haga con atención social, médica y medidas de bioseguridad.
Venezuela debe profundizar en el “acuerdo humanitario” firmado entre el opositor Juan Guaidó y el gobierno de Maduro contra la covid-19, y así salvar vidas, proteger al personal de la salud y reducir la transmisión de la enfermedad. Ojalá este pacto además garantice la entrada urgente de apoyo humanitario desde el extranjero y allane el camino por la restitución de la democracia.
Colombia, no obstante sus esfuerzos, necesita acompañamiento decisivo internacional para mantener su ayuda a los inmigrantes en sus ciudades y zona de frontera.
En un momento tan complejo debe darse tregua a las diferencias políticas entre ambas naciones a fin de que fluya la ayuda humanitaria. Ejemplo que ello es posible, es la “mesa de la covid-19”, comisión binacional de salud, con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para atender la diáspora en Cúcuta y otras áreas de la línea común.