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Miles de familias colombianas que sueñan con tener una vivienda propia para no seguir pagando arriendo están con el agua al cuello. Las altas tasas de interés, el aumento en el salario mínimo y la demora en la entrega de subsidios de vivienda de interés social y prioritario se han convertido en un gran dolor de cabeza para los compradores y un freno para el sector de la construcción.
La desaceleración es preocupante y ha prendido las alarmas en uno de los sectores que más aporta al crecimiento de la economía colombiana y a la generación de empleo, especialmente de mano de obra no calificada.
Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) mientras las ventas de vivienda nueva llegaron a 42.513 unidades entre enero y febrero del año pasado, en el mismo periodo de este año han caído 64%, siendo la vivienda de interés social (VIS) la que registra el mayor descenso. En Antioquia, las ventas de vivienda nueva cayeron 12,9% el año pasado, cuando se comercializaron 27.367 unidades.
Toda una paradoja en el gobierno de Petro, que habla siempre de favorecer a los pobres, en la práctica ocurre lo contrario: los más pobres se están quedando sin poder comprar su casa.
Uno de los principales factores de este retroceso es la demora en la entrega de los subsidios de Mi Casa Ya, un programa bandera puesto en marcha en 2015 y que tiene como objetivo beneficiar a familias de bajos ingresos con ayudas económicas que les permitan tener acceso a una vivienda de interés social y de interés prioritario.
Camacol viene alertando desde hace meses sobre la demora en la entrega de estos subsidios por parte del gobierno y las graves implicaciones para miles de hogares y constructores. El gremio sostiene que actualmente hay 52.000 hogares a los que no se les ha podido entregar su vivienda porque no han completado los recursos. Se necesitan 3,3 billones de pesos en subsidios y solo hay disponibles 600.000 millones.
La alternativa es que en el proyecto de adición presupuestal que cursa en el Congreso se puedan garantizar estos recursos. Mientras tanto las familias tienen que seguir esperando que se les haga un milagrito para dejar de seguir pagando arriendo y recibir por fin su anhelada vivienda.
Sin esta ayuda están en grave riesgo de perder la vivienda y los ahorros de toda la vida. La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, sostiene que los que están próximos a firmar la escritura serán priorizados y los demás deben adelantar gestiones para estar en el Sisbén y dice que este programa tendrá modificaciones para beneficiar a los hogares más vulnerables y para que no se priorice solo a las grandes ciudades, donde se concentra la mayor oferta de vivienda. Los anuncios no tranquilizan a quienes llevan meses esperando una rápida solución, más cuando se les va a cambiar las reglas de juego. Si hay ajustes deben ser para los nuevos postulantes, las normas no pueden ser retroactivas.
Es urgente que el tema de los subsidios se gestione lo más rápido posible teniendo en cuenta que actualmente se construyen 226.000 VIS que generan más de 800.00 empleos directos e indirectos. En Antioquia están en construcción 20.000 VIS con 70.000 empleos directos e indirectos.
Este es solo uno de los problemas que le han aparecido al sector. Desde que el Banco de la República comenzó el alza de las tasas de interés, la financiación de vivienda se volvió prohibitiva. Hace dos años las tasas de créditos hipotecarios oscilaban entre 8 y 10% efectivo anual; muchas familias compraron sobre planos y ahora, al firmar la escritura y gestionar el préstamo de vivienda se llevan la sorpresa de que las tasas llegan al 18% anual. Si no hicieron bien las cuentas y no les alcanzan los ingresos podrían colgarse en el pago de sus cuotas mensuales.
Otro factor que está incidiendo en la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario es el incremento en el salario mínimo. La razón es que su valor está atado al salario mínimo. Para VIS, las constructoras pueden cobrar como máximo el equivalente a 150 salarios mínimos. Es decir, que mientras el año pasado una vivienda de interés social podía valer 150 millones, para este año, por el alza del 16% en el salario mínimo vale 174 millones de pesos. Y para el año entrante subirá aún más. Otra ingrata sorpresa que se llevan las personas que compraron esta clase de viviendas y que no tuvieron claro el tema.
El gobierno tiene que acelerar la entrega de subsidios y los bancos ser más competitivos a la hora de financiar la compra de vivienda, con tasas de interés más bajas, como ocurrió con las tarjetas de crédito, porque corren un gran riesgo con el aumento de la morosidad en la cartera hipotecaria, o la devolución de inmuebles. Si bien, estamos lejos de vivir una crisis como la del Upac, de finales de la década de los 90, está pasando la hora de tomar medidas. Las alarmas están prendidas en un año donde la desaceleración está a la vuelta de la esquina