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Como si fuera un niño que quiere estrenar el juguete ya, y no acepta razón ninguna para esperar, el gobierno está en plan de afán para estrenar su estrategia de “paz total”: no quiere ni siquiera oír razones de quienes le dicen que primero hay que tener todo bien organizado.
Ya nos habíamos referido a otros componentes de la “paz total”, el fallido cese al fuego bilateral con el ELN y el peligroso cese al fuego unilateral por parte del Estado con las otras bandas criminales.
Ahora el turno es para el problema que se ha desatado con la petición del gobierno de Gustavo Petro de levantar las órdenes de captura contra los miembros de dos de estas organizaciones: el Clan del Golfo y “Los Pachenca”, a las que el gobierno ha rebautizado, y se refiere a ellas de manera deferente, como Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Autodefensas de la Sierra Nevada, respectivamente.
De todos es sabido que la Fiscalía General de la Nación se negó a llevar a cabo el pedido del gobierno, y no ha levantado las órdenes de captura contra los cabecillas de estas organizaciones, argumentando que no se cumplen los requisitos de ley para poder hacerlo. Este “choque de trenes” es entre un gobierno que se ratifica en que sí tiene facultades legales para pedir la suspensión, y una Fiscalía que sustenta la opinión contraria.
El problema no es ni siquiera el levantamiento de órdenes de captura en sí mismo: esa figura existe desde hace ya un buen tiempo en nuestro ordenamiento jurídico, al lado de otras que buscan facilitar los procesos de diálogo entre el Estado y las organizaciones insurgentes. En momentos especiales de la historia de una nación, es admisible que el Estado converse y eventualmente llegue a acuerdos con organizaciones que han tomado las armas con propósitos políticos. Ojo: con propósitos políticos.
No así en lo referente a organizaciones puramente criminales. Por más que aquellos grupos traten de disfrazarse de organizaciones políticas, cambiando su nombre de Clan a Autodefensa, es un hecho por todos conocido que su actuar es únicamente delincuencial y su finalidad es el enriquecimiento mediante la explotación de rentas ilegales: narcotráfico, extorsión, minería ilegal, etc.
En cuanto a los grupos criminales el marco del proceso de acercamiento al Estado es y solo puede ser uno: el sometimiento. Y lo que afirma la Fiscalía, en su respuesta al Gobierno Nacional, es que la facultad que este último invoca es válida para procesos de diálogo político más no de sometimiento.
En su réplica, el ministro del Interior, Alfonso Prada, ha sostenido que el nuevo marco legal (ley 2272 del 4 de noviembre 2022) sí se los permite y en honor a la verdad hay allí un pasaje (el parágrafo 2° del artículo 8) que parece indicarlo. ¿Acaso fue un ‘mico’ que el gobierno o sus alfiles en el Congreso metieron en esa ley para lograr esto que ahora están pidiendo? ¿La aplanadora gobiernista y los pupitrazos con los que se aprobaron las leyes el año pasado son responsables de este tipo de sorpresas?
Lo que corresponde entonces es que, de manera respetuosa, el gobierno exponga su tesis jurídica ante la Fiscalía. Pero hay tal vez un camino mejor, y es el de hacer las cosas bien, así se demoren un poquito. Varias voces, incluso cercanas al gobierno, han señalado que aunque están de acuerdo con la “paz total”, el marco normativo todavía es débil en lo que se refiere al sometimiento de bandas criminales. El propio presidente del Senado, Roy Barreras, afirma que hace falta una ley de sometimiento e incluso le da la razón a la Fiscalía diciendo que ella hace “precisiones legales indispensables”.
Con este tema, como con otros, queda siempre el temor de que el Presidente, frustrado ante la necesidad de tramitar las cosas por las vías institucionales en vez de que se haga su voluntad, se torne autoritario y desprecie las instituciones, a la que alguna vez ya llamó “enemigo interno”.
En todo caso, si usted se pregunta quién tiene la razón en este diferendo, la respuesta es muy sencilla: la ley. Y en ese sentido, aplausos para el fiscal Francisco Barbosa que bien dijo: “Yo no soy subalterno del presidente de la República, yo soy subalterno de la Constitución y la ley y el presidente tiene el derecho de poder solicitar con fundamento en sus competencias el levantamiento de órdenes de captura con fines de extradición y yo tengo la facultad de decir que no, cuando no encuentro razones suficientes”