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Nueve días antes de terminar su gobierno, la administración Trump, por medio de la Secretaría de Estado, emitió la declaratoria en la que Cuba regresó de nuevo a la “lista negra” de países patrocinadores del terrorismo internacional.
Colombia está directamente relacionada con esa decisión. Luego de abrir con la consideración de que el régimen cubano ha “brindado apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas”, el documento pasa a especificar que “durante décadas, el gobierno cubano ha alimentado, alojado y brindado atención médica a asesinos, fabricantes de bombas y secuestradores”, como los pertenecientes al llamado Ejército de Liberación Nacional, Eln, de Colombia, “al que Estados Unidos ha designado como organización terrorista extranjera”.
Los hechos consignados en la decisión del Departamento de Estado de EE.UU. son los mismos que el Gobierno colombiano ha explicado en el país y ante la comunidad internacional: el Eln dinamitó las oportunidades de adelantar un proceso creíble de paz al planear y ejecutar un acto terrorista dentro de las instalaciones de la Escuela de Policía General Santander, en Bogotá, en enero de 2019, con el cual buscaba generar el mayor número posible de víctimas mortales. Al final, asesinaron a 22 cadetes de la Policía. El Gobierno de Iván Duque rompió los diálogos con esa guerrilla y solicitó a Cuba que, ante un acto terrorista como el perpetrado, así como por la continuidad con los secuestros y la permanencia en cautiverio de víctimas de las que no se tenía prueba de supervivencia, lo que mandaba la justicia y los principios del Estado de Derecho era que los cabecillas, máximos responsables de la planificación de estos crímenes, regresaran a Colombia a rendir cuentas.
De por medio ha habido errores políticos y fallas en la diplomacia. Como hemos anotado en este mismo espacio, aun perteneciendo a una dictadura totalitaria que vulnera sistemáticamente los derechos humanos, la diplomacia cubana es comprobadamente profesional. Cuando decimos profesional no es en referencia a la defensa de los valores de la libertad y la democracia, sino a la de los intereses de su país y del régimen que llevan representando hace más de 60 años.
Colombia, en tanto, y lastimosamente también en el presente Gobierno, ha optado por un manejo que se ha delegado a quienes no son expertos en el complejo y sutil arte de la diplomacia. El actual embajador en Cuba es un exsenador polémico sin ninguna trayectoria internacional ni experiencia diplomática. ¿Qué posibilidades de éxito o de margen de maniobra puede tener ante los experimentados funcionarios de la nomenklatura castrista, fajados en décadas de defender a brazo partido sus políticas e intereses?
Ante las reiteradas solicitudes del gobierno colombiano para que cese la patente de corso al Eln, las autoridades del régimen cubano no contestan. La dictadura lleva 62 años y ha visto pasar a 14 presidentes colombianos, muchos de ellos acudiendo, secreta o semipúblicamente, a pedirles ayuda para lidiar con las guerrillas que aquí han hecho y hacen estragos. Allí no miden las prioridades por cuatrienios.
La administración Duque se ha topado con una muralla de silencio y por lo pronto eso no va a cambiar. Dependerá mucho de las intervenciones del nuevo gobierno de Estados Unidos que esto pueda moverse para uno u otro lado