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Cerradas las puertas en Panamá, sin pasaporte válido por habérsele cancelado por su propio país, pendiendo sobre ella una circular roja de Interpol que ordenaba su captura, y sometida a la enorme presión del fiscal general de la Nación, no le quedaba otra salida a la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, que entregarse a la justicia, como efectivamente lo hizo el pasado sábado.
La exdirectora de la liquidada agencia de inteligencia había obtenido asilo político en el vecino país, que en un primer momento encontró fundadas razones para considerar que su caso se trataba de un proceso judicial con motivaciones políticas.
El desenvolvimiento de la investigación judicial, no obstante, acumuló toda una serie de elementos testimoniales que, para la justicia, configuraron la prueba de la comisión de varios delitos por parte de directivos y agentes del DAS: seguimientos ilegales a periodistas, magistrados y opositores del anterior gobierno, así como interceptación ilícita de sus comunicaciones privadas.
La gravedad de muchas de las actividades perpetradas por el DAS no debe ser desestimada por nadie. Se sabe que el también exdirector del organismo, Jorge Aurelio Noguera, tiene condenas penales en firme, una de ellas como autor mediato del homicidio de un profesor universitario. Un exsubdirector de Operaciones fue condenado por las torturas psicológicas y el acoso al que fue sometida, de forma particularmente cruel, la periodista Claudia Julieta Duque. Y así, otros exfuncionarios han confesado la comisión de múltiples delitos.
La exdirectora Hurtado Afanador se presenta ante los tribunales cuando ya el juicio que le adelantó la Corte Suprema de Justicia está cerrado, pendiente solo de fijación de la pena. De manera que aunque ya es poco lo que en su propio proceso puede aportar, sí lo puede hacer extrajuicio, o como testigo en procesos paralelos.
Y es allí donde está siendo sometida a una ostensible presión por parte de la Fiscalía General de la Nación, con el fiscal y el vicefiscal general incurriendo en lo que, con todo sentido, se ha denominado “sistema radial acusatorio”. Desde los micrófonos ambos funcionarios le prometen beneficios que no se sabe bien de dónde pueden sacar ahora.
Como ha dicho su abogado defensor, María del Pilar Hurtado está sometida a una presión que difícilmente soportaría cualquier persona. Tendrá que sacar fuerzas para resistirla. Aunque no lo quiera, se encuentra en medio no solo de un proceso jurídico complejo, sino de una batalla política y mediática sin límites de ninguna clase. Y ahí lo que cuenta, lamentablemente, no es la humanidad de la procesada, sino los fines que de ella pueden obtenerse al llevarla al límite de la resistencia.
La justicia ha reconocido que hay víctimas de los delitos que ya han sido probados y de los que están en vías de determinarse. Esas víctimas, como todas las demás en un sistema judicial que se precie de hacer efectivo el principio de igualdad ante la ley, merecen justicia, verdad y reparación.
Ojalá que el apasionamiento que muestran algunas de esas víctimas no se confunda con ánimo de venganza -que puede haberlo en algún caso, pues parece que solo les sirve una verdad ya definida de antemano- y que en un ambiente tan cargado de pugnacidad, la justicia pueda obrar imparcialmente, con serenidad de espíritu.